Cuando se trata de medio ambiente, las buenas intenciones no bastan

En julio de este año, la Coalición para la defensa de las áreas protegidas de República Dominicana (Codapro) hizo públicas las cinco prioridades ambientales que, según su criterio, requerían una atención especial por parte de las autoridades que asumieran las riendas del Estado a partir de agosto.

Solicitaron impunidad cero en asuntos ambientales, la revocación de las decisiones ilegales, detener el deterioro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), atención prioritaria a la captación de agua y el uso pertinente del territorio y el rescate y saneamiento inmediato del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al finalizar el 2020, cinco reconocidos ecologistas evalúan para el Encuentro Verde de Listín Diario (que coordina la bióloga Yvonne Arias) el accionar de las nuevas autoridades en cuanto a la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, tomando en cuenta tanto las propuestas de Codapro como sus propias experiencias en materia ambiental.

LUIS CARNAVAL: NADA HA MEJORADO

Para Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD y miembro del equipo ambiental de la Academia de Ciencias, ninguna de las prioridades ambientales que el sector ambiental consideraba que debía asumir el nuevo Gobierno en sus primeros días ha sido satisfecha. Asegura que continúan las violaciones sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, significativamente debilitadas por decisiones de carácter administrativo que afectan al personal que tiene responsabilidad cotidiana directa en su mantenimiento y protección, en proyectos de recolección de semillas y propágulos, cuidado de viveros y procesos de siembra y revegetación. “La angustiosa situación de los trabajadores de las brigadas, suspendidas de manera indiscriminada e inhumana, constituye un lastre que dificulta la marcha del Ministerio. Han sido insuficientes, cuando no insignificantes, las intervenciones dirigidas a frenar los ilícitos ambientales, anular la inmensa cantidad de permisos y autorizaciones concedidas en violación de las leyes y la Constitución”. Indica que todavía no se ha procedido a eliminar las siembras irregulares ni a incautar los equipos y maquinarias en áreas protegidas y que, peor aún, en casos como el proyecto forestal de Sabana Clara continúan las amenazas de su apropiación por parte de intereses mafiosos. “El Ministerio se ha mostrado tímido y sin liderazgo frente a las propuestas que amenazan expandir la megaminería hacia zonas de captación y distribución de agua y sin iniciativas para eliminar las actividades que reducen su incorporación, flujo y función ecológica y social, así como su contaminación aplicando de inmediato las leyes, normas y disposiciones que prohíben la extracción de agregados de ríos y acuíferos, así como los vertidos no tratados” ¿Qué han hecho bien? Carvajal sostiene que el mayor mérito de las actuales autoridades “es haber desplazado una gestión pervertida, inepta, prepotente, contaminada y contaminante”. “Superado el espanto y el horror del pasado, estamos listos para aplaudir con entusiasmo cuando empiecen a cumplirse las expectativas del movimiento ambiental resumidas en las cinco prioridades, incumplidas aún, de la Coalición Para la Defensa de las Áreas protegidas”, concluye.

CEBSE: ESTÁN HACIENDO BUEN TRABAJO

Patricia Lamelas, directora del Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE), entiende que las autoridades están respondiendo en temas como la impunidad cero en asuntos ambientales. “Desde nuestro punto de vista, están haciendo un buen trabajo. El Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad se está coordinando con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) para acceder a los infractores (sobre todo a los recurrentes), detenerlos y sancionarlos”. Acerca de detener el deterioro del Sinap, señala que no es un trabajo de meses, sino de años, y requerirá muchos recursos técnicos y financieros. “Sin embargo, hasta ahora, lo están haciendo muy bien. Están respondiendo a las denuncias de las incursiones y los técnicos y Senpa están viajando a las áreas y tomando medidas de saneamiento y, dentro de las posibilidades, de restauración. Están apoyando las iniciativas de las ONG (al menos las nuestras) en las áreas protegidas. Nos están dando asistencia técnica y acompañamiento”. Sobre la petición de Codopro de rescatar y sanear el Ministerio de Medio Ambiente, Lamelas apunta que es de su conocimiento que la institución está revisando y evaluando al personal, que están trayendo gente nueva y que van a jubilar al personal de más edad. También que están eliminando las brigadas y contratando al personal que entienden lo amerita, como guardaparques. “¿Qué resultado tendrá todo esto al final? Habrá que esperar. Entendemos que esta administración tiene una actitud de apertura y responsabilidad hacia la gestión de los recursos naturales del país. Tienen mucha gente nueva, pero se están dejando asesorar de los técnicos de más experiencia que encontraron en la organización, y trayendo personas que estaban fuera de la administración pública pero que dominan temas relevantes. Como digo, habrá que esperar, pero tenemos buenas expectativas de lo que vendrá”.

ACCIÓN VERDE: BUENAS Y MALAS NOTICIAS

El coordinador de la Fundación Acción Verde, Nelson Bautista, menciona que al inicio de la nueva gestión en el Ministerio de Medio Ambiente le expresaron al ministro Jorge Mera lo que consideraban que eran noticias relativamente “muy buenas y muy malas”. La mala, dice a Listín Diario, era que estaría gestionado un Ministerio cuya desarticulación y desorden institucional estaba en su peor momento. Lo bueno, por tanto, “sería que cualquier cosa que hiciera para revertir esa calamidad ya sería una gran ganancia para todos”. “Esa misma condicionante se pudiera aplicar al sistema de áreas protegidas: con frenar la situación de asedio, indolencia y abandono al que estaban sometidas muchas de las principales unidades del sistema, ya es de por sí una gran cosa. Entonces eso es lo que ha ocurrido parcialmente, se le ha dado una ‘nueva vida’ al Viceministerio de Áreas Protegidas y en efecto las cosas comienzan a dinamizarse positivamente”. Pero eso no basta, expresa Bautista. Opina que hace falta poner más carácter de urgencia desde las más altas instancias y procurar la intervención inmediata de aquellos parques nacionales que hoy son víctima de la ilegalidad y el incumplimiento de sentencias, como Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco. “Entendemos perfectamente el espíritu de accionar ‘en el marco de la Ley’ que ha manifestado el ministro Jorge Mera; estamos muy de acuerdo con ello y es precisamente por eso que insistimos en que el simple hecho de aplicar la ley es razón más que suficiente para que los que tienen agricultura y ganadería en los Parques Nacionales sean conminados y obligados a detener su actividad ilegal”. Agrega que si no bastan las resoluciones vigentes del propio Ministerio de Medio Ambiente que ordenan el cese de la actividad agrícola, entonces debería echarse mano de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que dispone lo mismo. “Para nosotros, cada día sin actuar es un día más para plantar aguacates, secuestrar las aguas, contaminar los bosques y dañar la biodiversidad. Entonces, es el momento de reiterar en todas sus partes los planteamientos de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, con quienes -como bloque y hasta esta fecha- el Ministro no ha tenido a bien reunirse desde que asumió sus funciones”.

SOECI: HAY VOLUNTAD

“Una voluntad expresa y manifiesta a escuchar a los sectores interesados en aportar soluciones” es lo que ha observado en las nuevas autoridades ambientales Mayvelin Consuegra, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci). “Para nosotros eso es una buena actitud”, dice, y mejor “si se acompaña de buenas prácticas para cumplir y hacer cumplir las leyes del sector ambiental y de aplicar en el cumplimiento del régimen de consecuencia de modo y manera que propenda a reducir los ilícitos ambientales”. La entidad considera prudente darle un compás de espera para que accionen y evalúen. “Respecto a la propuesta hecha por la Coalición, la Soeci, de manera institucional, la impulsamos como nuestra porque son también nuestras demandas y las del movimiento ambiental, las cuales impulsamos juntos desde hace ya mucho tiempo”.

YVONNE ARIAS, DIRECTORA EJECUTIVA DEL GRUPO JARAGUA:

“Lo primero que el ministro de Medio Ambiente hizo fue abrir las puertas al movimiento ambiental dominicano para escuchar sus opiniones. Nos hemos estado reuniendo por parte, según los temas, y visitando las áreas que encontró con graves problemas. Esperamos que la apertura siga para escuchar sobre estos problemas y apoyarle en tratar de resolverlos. Sabemos que encontró el Ministerio en muy malas condiciones y que el paciente necesita atención urgente. Esperamos que esas urgencias sean atendidas a la mayor brevedad posible”.

SÉSAR RODRIGUEZ, DEL CAD

El ingeniero agrónomo Sésar Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), sostiene que las actuales autoridades ambientales han demostrado una apertura a la participación de la sociedad civil para conjuntamente buscar soluciones a los problemas ambientales. “Se entiende que el tiempo transcurrido no es lo suficiente y la presencia del Covid-19 ha retrasado cualquier acción que se pueda emprender. No obstante, se puede asumir un alto en el deterioro institucional. Se le ha dado continuidad a las acciones que anteriormente se habían iniciado y que fueron detenidas en su momento, como los conflictos del uso del suelo en las áreas protegidas, específicamente en los Parques Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y Cotubanamá”. En cuanto a la impunidad cero en asuntos ambientales y la revocación de las decisiones ilegales, “estamos a la espera de que se instrumenten las acciones legales para el sometimiento de los infractores”. Acerca de la atención prioritaria a la captación de agua y el uso pertinente del territorio, entiende que es un tema que va más allá de las autoridades de Medio Ambiente, pero que se debe empezar a debatir dentro del consejo de gobierno y que las autoridades de Medio Ambiente deben llevar el tema a la agenda de gobierno. “No obstante existen leyes, normas y reglamentos que con su aplicación se contribuiría mucho con la mejora de la captación y uso del agua”.