Censo de 2010 dio origen a conflictos electorales

El revuelo provocado por la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de utilizar otra vez los datos del IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 para definir las candidaturas en las elecciones del próximo año, plantea una contradicción con los resultados finales del padrón electoral de 2024 estimado en alrededor de ocho millones de votantes.

La situación ya había provocado un conflicto en las elecciones de 2016, y en el actual contexto podría perjudicar a numerosas provincias del país al aplicarle las mismas estadísticas de 24 años atras. Ocho de ellas ya sufrieron, por ejemplo, la pérdida de diputaciones en la redistribución aprobada por la JCE en los comicios de 2020.

En esa ocasión el pleno de la institución, encabezado por Julio César Castaños Guzmán, dictó la resolución número 01-2018, del 17 de enero de 2018, que estableció la distribución de diputados representantes del Distrito Nacional y las provincias, para las elecciones del 17 de mayo de 2020.

Con esta decisión se redistribuyeron los 178 escaños de la Cámara de Diputados en base a la población por provincias según los resultados del censo 2010, que arrojaron la población dominicana de 9,445,281 habitantes, mientras ya solo el total de inscritos en el padrón de la JCE se había elevado a 7,529,932 votantes.

La redistribución aumentó a la provincia Santo Domingo 7 escaños más (de 36 a 43) y uno a la provincia La Altagracia (de 4 a 5). En cambio perdieron un escaño cada una las provincias Barahona (de 4 a 3), Monte Plata (de 4 a 3), Duarte (de 6 a 5), La Vega (de 8 a 7), San Juan (de 5 a 4), San Pedro de Macorís (de 6 a 5), Espaillat (de 5 a 4) y San Cristóbal (de 11 a 10). Esta resolución estuvo motivada en la Constitución de 2010, que cambió el criterio de distribución de escaños por provincia. Hasta ese año había sido de un diputado por cada 50,000 habitantes o fracción mayor a 25,000 habitantes.

En cambio el artículo 81,1 del nuevo texto constitucional estableció que la Cámara de Diputados estaría compuesta por 178 diputados elegidos por circunscripción territorial, en representación del Distrito Nacional y las provincias, y que estarían distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos por cada provincia.

Conflictos en 2016

La utilización en procesos electorales de los datos del censo de 2010 fue planteada por primera vez en los comicios de 2016, seis años después de su realización, generando toda clase de conflictos y preocupaciones.

La JCE, bajo la dirección de Roberto Rosario, emitió la resolución 06-2015 el 5 de julio de 2015, proponiendo la distribución de diputados representantes del Distrito Nacional y las provincias en las elecciones del 15 de mayo de 2016, atendiendo a su densidad poblacional. Terciarían 26 partidos y ocho nuevos movimientos políticos reconocidos.

No obstante la JCE se vio impedida de cumplir el mandato constitucional, así como la Ley 37-10 sobre elección de diputados nacionales por acumulación de votos, debido a que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) le ordenó mediante la sentencia 03-2016, del 20 de enero de 2016, dejar sin efecto su decisión.

De esa manera el TSA acogió un recurso de oposición interpuesto por el entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Para la época esa organización política se había erigido en la práctica como partido único, luego de la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2014 y su posterior alianza con el partido morado.

Rosario anunció el 29 de enero de 2016, al parecer abrumado por el tiempo y la cantidad de trabajo para la organización de las elecciones, que el pleno de la Junta había determinado aplicar la sentencia del TSA, aunque que nunca falló el fondo.

Se obviaron así las advertencias del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), de que afectaba la institucionalidad. Ni las opiniones de juristas, sociedad civil y el naciente Partido Revolucionario Moderno (PRM), que consideraron no era su competencia y debía llevarse el caso al Tribunal Constitucional (TC).

Esta decisión determinó entonces, que al ignorar el censo de 2010, la JCE se viera precisada a montar las elecciones de 2016 con un padrón de 6,765,245 votantes, aplicando los datos del VIII Censo Nacional, que data de 2002 con 8,795,000 habitantes. Igual sucedió con los comicios congresuales y municipales de 2010, y presidenciales de 2012, ganadas por el PLD.

En las elecciones de 2016 se eligieron 4,213 cargos, incluyendo el presidente y vicepresidente de la República; 32 senadores, 190 diputados, 178 de representación proporcional, siete de ultramar, cinco nacionales, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlaccen) con sus suplentes..

También se escogieron a nivel municipal 158 alcaldes y vicealcaldes; 1,164 regidores y sus suplentes, así como 234 directores de distritos municipales y 730 vocales.

Elecciones del 2024

Si la JCE vuelve a utilizar los datos del censo de 2010, como está planteado y apoyan los partidos de oposición, permanecerá invariable la metodología empleada en las elecciones de 2020 y la cantidad de 4,113 cargos a elegir en el Distrito Nacional y las provincias.

La Dirección Nacional de Estadística (ONE) ha prometido ofrecer en este trimestre resultados del Censo 2022. 

Los miembros de la JCE han dado muestras de que no tienen tiempo qué perder.  Aunque todavía no emiten la resolución, su calendario electoral agota los plazos fatales de la precampaña, para elegir los candidatos y establecer las alianzas.

Es evidente entonces, que los funcionarios electorales no quieren exponerse a que en unas elecciones donde participarán por los menos 34 partidos políticos, la sal les salga más cara que el chivo.