CASO CAMALEóN
El general Rubén Paulino Sem será interrogado esta tarde en la Procuraduría
Será interrogado sobre el contrato que firmó con la empresa de Jochi Gómez, mientras titular del ente, Wilson Camacho, adelantó que podrían ser agregados más implicados
El mayor general Rubén Darío Paulino Sem, será interrogatorio por fiscales anticorrupción adscritos a la Pepca, en relación con el escándalo registrado en el caso “Camaleón”.
El ex ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, será interrogado hoy lunes por la Procuraduría General de la República, como parte de las investigaciones que realiza sobre los escándalos de contratos de señalización de los semáforos y de servicios de seguridad del Estado.
El mayor general Paulino Sem fue requerido para las 5:00 de la tarde por los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), donde será interrogado en torno al contrato firmados con la empresa Aurix, propiedad de José Gómez Canaán, el principal implicado en el caso Camaleón.
El ex ministro acudió el pasado viernes a la Procuraduría, en compañía de su abogado Govanny Tejada, donde fue requerido por la Pepca, pero su interrogatorio se llegó a realizar debido a que los fiscales tenían compromiso.
Wilson Camacho, titular del Pepca, tras confirmar la citación para el interrogatorio de Paulino Sem, explicó que seguirán haciendo más interrogatorios vinculados a esta operación, al tiempo de considerar que al tratarse de una investigación abierta, hay posibilidades de que sean agregados más implicados y más imputaciones.
La pasada semana fue interrogado Jochi Gómez sobre el acuerdo de la empresa Aurix con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE), representado por Rubén Darío Paulino Sem, y de presuntas irregularidades en la licitación de su Transcore Latam para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
El acuerdo mide y aurix
El Pepca detalló el reiterado comportamiento de Jochi Comez en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.
Indicó que para tales fines se habilitó la firma de un acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa representado por Paulino Sem, y la empresa Aurix S.A.S., representada por Jochi Gómez, en fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.
Señala que la razón social Aurix S.A.S., fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, a través de la evaluación de fuentes abiertas, públicas e investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial.
Aduce que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.
cámaras para espionaje
Mientras que en torno a la licitación del Intrant , los fiscales aseguraron que Transcore Latam, la empresa vinculada a Gómez-Canaán que le fue adjudicada el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fueron contratadas.
Así lo estipula el Ministerio Público en su solicitud de audiencia para conocer medida de coerción en contra de los implicados en el caso Camaleón, en la que afirmaron que Transcore Latam instaló elementos distintos a los ofertados.
Igualmente aseguraron que esta empresa agregó otros elementos de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, que tampoco formaban parte de la oferta técnica original. También aseguraron que instaló 55 cámaras.
acceso para intercepar datos personales
Asimismo, detalla que Hugo Beras, concertó con Jochi Gómez para obtener una red de radiocomunicación privada que utilizará frecuencias atribuidas al servicio fijo en la banda de 2,300 MHz.
De acuerdo al órgano persecutor, el propósito de obtener esta red era para que Jochi Gómez pudiera expandir su “capacidad de espionaje y vigilancia”, ya que al operar esta banda implementaría una red privada con capacidad de interceptar o captar señales de comunicaciones cercanas que utilicen la misma frecuencia o frecuencias adyacentes.
Esto le permitiría a Gómez Canaán la interceptación de datos personales o información corporativa confidencial.
Al espiar otras redes cercanas, Jochi obtendría el acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet o incluso, mensajes de texto sin la autorización del propietario de la red legítima.
Asimismo, con esta red podía dirigir ataques hacia otras infraestructuras de telecomunicaciones, a través de técnicas de jamming o interferencia deliberada, pudiendo afectar sistemas de comunicación en empresas, instituciones gubernamentales o redes de telecomunicaciones públicas.
Además, esto le permitiría lanzar ciberataques hacia otras redes o para interferir con redes satelitales, comunicaciones militares, o incluso instalaciones de control de tráfico aéreo cercanas.
En la solicitud de medida de coerción que consta que consta de 304 páginas, la Pepca detalla las “características de la organización criminal por contratos millonarios” entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez.
el rol de hugo beras
El órgano acusador establece que la estructura del crimen organizado estaba conformada por Hugo Beras, quien se desempeñó como director ejecutivo del Intrant desde el 15 de agosto de 2022 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Según el expediente, este coalicionó para violar la ley con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempañaba en el mismo período como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo ante el comité de compras de la entidad; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero.
“Los anteriormente señalados formaron una asociación de malhechores con José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de RD$1,317,350,997”, señala el documento.
Además de la adjudicación, a través de Transcore Latam S.R.L, a los imputados les fue otorgado el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la ‘’investigación e inteligencia privada”, y es propiedad del imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochí).
la "cajita" de los semáforos
Una fuente oficial dijo anoche al Listín que desde las cajas usadas por la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez, en el sistema dominicano de semáforos, “no es posible receptar teléfonos celulares”.