TEMA DE JUSTICIA
Un hombre lleva 10 años preso pese a tener una orden de libertad
Este hombre, inicialmente asistido por un abogado privado que lo abandonó y olvidó por completo su proceso penal, enfrentó una extensa y angustiosa espera en la prisión.
La Oficina de la Defensoría Pública ha compromiso de seguir vigilante y activa en la protección de los derechos de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
El privado de libertad Geraldo Luis llevaba más de diez años tras las rejas a pesar de tener una orden de libertad desde el 2014, un caso desgarrador que ha dejado en evidencia las fallas del sistema judicial.
Este hombre, inicialmente asistido por un abogado privado que lo abandonó y olvidó por completo su proceso penal, enfrentó una extensa y angustiosa espera en la prisión.
La Fiscalía de Higuey solicitó medida de coerción en contra de Geraldo Luis, por la acusación de robo simple, contra quien el juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, le impuso tres meses de prisión preventiva.
Posteriormente, otro tribunal de esa jurisdicción tras ordenar su puesta en libertad, dispuso la extinción de la acción penal, exonerandolo de toda responsabilidad penal.
El caso fue descubierto en una visita rutinaria a la cárcel del Seibo, por abogados de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), que preside Rodolfo Valentín Santos, quien calificó de inaceptable que alguien pueda ser privado de su libertad durante tanto tiempo sin razón justificada.
deficiencias
Valentín Santos consideró que este caso subraya las graves deficiencias en el sistema penitenciario, donde las personas, especialmente las más vulnerables, son dejadas de lado y olvidadas”.
Cuestionó que Geraldo Luis a pesar de cumplir con los requisitos legales para ser liberado, las autoridades pertinentes (Fiscalía de Higuey, director del centro penitenciario y el juez de ejecución de la pena) no actuó con la celeridad requerida, prolongando su encarcelamiento de manera injustificada.
“Este no es un caso aislado. Hay muchas otras personas en nuestras cárceles que sufren circunstancias similares”, enfatizó el jurista.
Dijo que es fundamental que se respeten los derechos constitucionales y procesales de cada individuo, tal como lo establece la Carta Magna y el Código Procesal Penal”.
Señaló que la Defensa Pública reitera su compromiso de seguir vigilante y activa en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.