Por presos preventivos sentarán al país en CIDH esta semana

Citando "inercia y negligencia" por parte del gobierno en respuesta al empeoramiento de las violaciones a los derechos humanos en el sistema de justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-DR) ha logrado una audiencia pública esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, informó que su organización presentará los alarmantes datos de su último informe que indican que más del 80% de los reclusos en las cárceles dominicanas están en prisión preventiva y que ha habido un "deterioro de las condiciones de reclusión”, ya que una capacidad para 12.000 internos actualmente alberga a casi 26.000, con "unos 13,000" viviendo en "hacinamiento y condiciones infrahumanas".

"Están violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos", dijo Mercedes en un comunicado. Debido a la falta de respuesta del gobierno a "constantes demandas de respeto de los derechos humanos", la CNDH se ha "visto en la obligación de interpelar al Estado dominicano" ante organismos internacionales, comenzando por la CIDH, que es el brazo de vigilancia de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La audiencia pública de esta semana sigue a una impactante opinión legal emitida en noviembre por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (GTDA), que condenó al gobierno de Abinader por practicar arrestos arbitrarios.

La Iniciativa de Justicia Dominicana envió una carta a la Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (ONU) Linda Thomas-Greenfield exigiendo que la Administración Biden cumpla con la condena de la ONU a las acciones del gobierno dominicano. La carta afirma: "según registros públicos e informes en los medios de comunicación de la República Dominicana, la señora Berenice Reynoso ha llevado a cabo acciones idénticas o similares detalladas en la decisión del GTDA contra decenas de otras personas en otros casos".

La respuesta de la CIDH a los abusos de derechos humanos en el sistema de justicia dominicano podría ampliarse en la medida que adquiera un mayor conocimiento de la magnitud de las violaciones que están teniendo lugar, y las denuncias continúen aumentando. La negación del debido proceso, un juicio justo y un trato humano mientras se priva a las personas de su libertad no sólo están prohibidos por disposiciones de derechos humanos de la ONU, sino también por múltiples secciones de los Artículos 5,7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH tiene el mandato de examinar informes sobre tales violaciones por parte de estados miembros como la República Dominicana, y llevar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los funcionarios dominicanos responsables de estas violaciones a los derechos humanos enfrentarán graves consecuencias legales si los casos son llevados ante el tribunal internacional regional.

A pesar de los llamados de los líderes del Congreso para determinar cuántos estadounidenses están siendo detenidos injustamente por el gobierno dominicano y para investigar la financiación del DOJ de programas que están deteniendo ilegalmente a estadounidenses, el "doble estándar" de la Administración Biden persiste, y se hace la vista gorda con la República Dominicana.

En una carta reciente al Secretario de Estado Antony Blinken, el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Michael McCaul, expresó profundas preocupaciones en torno al hecho de que los estadounidenses, tanto ciudadanos como residentes permanentes legales (LPRs), se han visto atrapados en la crisis de prisión preventiva. El Presidente McCaul expresó alarma por el hecho de que el Departamento de Estado "no tiene un recuento completo del número de estadounidenses que actualmente están encarcelados en el país".

Las preocupaciones del presidente McCaul fueron eco por el Representante de EE.UU. Troy Nehls en una carta al Inspector General del Departamento de Justicia, cuestionando si los dólares de impuestos estadounidenses estaban siendo utilizados para detener injustamente a ciudadanos estadounidenses en la República Dominicana. El Representante Nehls estaba justamente preocupado de que los fondos de los contribuyentes se estén utilizando "para negar irrazonablemente los derechos procesales de los ciudadanos estadounidenses y residentes legales que viven fuera de EE. UU”.

En un reciente artículo de opinión en el influyente Daily Signal, Steven Bucci - un ex oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército y funcionario del Pentágono - criticó la aplicación selectiva por parte de la Administración Biden de sus compromisos de traer a casa "a cada estadounidense detenido injustamente" ante la crisis de prisión preventiva en la República Dominicana, escribiendo que "En 2022, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional que 'la detención injusta de ciudadanos estadounidenses en el extranjero constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos'".

La orden ejecutiva encarga al Secretario Blinken y al Departamento de Estado designar o identificar a funcionarios de gobiernos extranjeros "que estén involucrados, directa o indirectamente, en detenciones injustas", sin embargo, la Administración Biden no parece estar tomando en serio su propia "emergencia nacional" ya que no existe tal lista incluso un año después de que se emitió la orden.

La República Dominicana, según Bucci, "debería estar en la parte superior de cualquier lista" por su crisis de prisión preventiva que lleva décadas. "Según la orden ejecutiva, el Secretario de Estado debería estar trabajando para 'asegurar la liberación de aquellos que están detenidos como rehenes o injustamente detenidos', ya sean ciudadanos o residentes permanentes legales", agrega, pero actualmente no hay un informe por parte de la Administración Biden para determinar cuántos ciudadanos estadounidenses están siendo detenidos en la República Dominicana.