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Instan a SCJ fallar recusación del caso Costa Dorada y evitar inseguridad jurídica

Acosta ha explicado el viacrucis judicial al que se están enfrentado los verdaderos dueños de Costa Dorada

Laura Acosta: “No pido que nos fallen a favor; sólo que decidan y asuman su responsabilidad, si no serán cómplices de la chicana”.LISTIN DIARIO

La abogada Laura Acosta, quien representa a la Sociedad Comercial Okra Company LTD, una de las víctimas del fraude contra los accionistas de Costa Dorada, ha apelado directamente a la responsabilidad de todos los jueces que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que fallen la recusación hecha por imputados contra 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el caso de fraude societario de la compañía. 

“No pido que nos fallen a favor, solo que decidan y asuman su responsabilidad, si no serán cómplices de la chicana”, ha expresado.

Entrevistada en el programa El Sol de la Mañana, Acosta ha asegurado que la SCJ, con la dilación en pronunciarse sobre este caso, favorece a que aumente la inseguridad jurídica en el país mientras perjudica los intereses de unas familias que batallan por años en los tribunales para recuperar sus legítimos derechos societarios en la compañía Costa Dorada. “La SCJ debe entender que con su falta de acción está dando mal ejemplo a los jueces de primer grado y corrobora la idea de que: ‘Justicia tardía, Justicia denegada’”, ha enfatizado.

En este sentido, la abogada entiende que la mora en el sistema judicial para resolver el fraude accionarial perpetrado en la sociedad Costa Dorada sobrepasa el interés privado para adquirir interés público.

Una dilación en el tiempo que ha acabado afectando no solo los intereses de las familias Mayol y Serrano sino poniendo de manifiesto la inseguridad jurídica en República Dominicana. Esta situación, además, pone al descubierto la indefensión al que se puede enfrentar cualquier ciudadano común si es víctima de estafas de estas características.

Acosta ha explicado el viacrucis judicial al que se están enfrentado los verdaderos dueños de Costa Dorada.

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