FRAUDE A EMPRESA
Urgen a la SCJ decidir recusación de 16 jueces del caso Costa Dorada
Las familias propietarias de los títulos de la sociedad han exhortado a los jueces a una reflexión justa para que decidan desbloquear, definitivamente, su situación judicial.
La propiedad de Costa Dorada, adquirida en 1967 por Juan Mayol, un ciudadano con una reputada tradición empresarial, colinda con los proyectos turísticos Los Corbanitos y Puntarena, en Baní.
El equipo a cargo de la defensa legal de las familias Mayol y Serrano, afectadas por el fraude a la empresa Costa Dorada, ha presentado una solicitud “urgente” a los jueces de la Suprema Corte de Justicia(SCJ) en la que les insta a fallar el caso de recusación de los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Ha recordado que esa recusación “se entiende como una maniobra orquestada por la sociedad Global Multibusiness Corporation”, representada por el abogado e imputado en el caso, Rafael Olegario Helena Regalado.
El propósito de esta acción, agrega, es “obstaculizar y evitar que pueda ser conocido el recurso de apelación interpuesto con la sentencia que excluyó del proceso a las verdaderas víctimas” del fraude a Costa Dorada.
Los abogados se refieren a las querellantes Hilari Mayol, Mayol & Compañía, Okra Company y Grand Cays.
El equipo conductor de las acciones legales contra los imputados de la operación fraudulenta está liderado por Juan Tomás Vargas Decamps, Ignacio Miranda Cubilette, Manuel Sierra Pérez, Addy Manuel Tapia de la Cruz y Laura Acosta.
el plazo de ley
En su solicitud a la Suprema, indican que después de haber transcurrido doce meces, el plazo máximo que otorga la ley para decidir este tipo de incidentes, la recusación no ha sido fallada todavía.
“El hecho que no se falle a tiempo las recusaciones contribuye, por omisión y sin desearlo, a la impunidad de quienes han violado la ley e impide a unas partes que le sean tutelados sus legítimos derechos y que ejerzan su derecho de defensa, el más sagrado de todos los que pueden ser enarbolados ante la justicia”, establece el escrito.
Mientras, en la solicitud a la Suprema se pide la inhibición de la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la Sala Penal de la Suprema, “en las discusiones y decisiones relativas al presente caso”.
Referente a este pedido en el caso de la magistrada, los representantes legales de las familias Mayol y Serrano dicen haber tomado en consideración el parentesco de esta con una de las imputadas, Ailec Paloma Soto Garabito, en el vínculo de sobrina suya.
Esta solicitud, sostienen, se justifica “por un tema de delicadeza y de la exigencia de transparencia que conlleva el impartir justicia”.
No obstante, reconocieron “la seriedad y capacidad” de la jueza, igual que “su trayectoria inmaculada”.
un expediente en el limbo
Los jueces de las tres salas de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron recusados, lo que dejó el expediente del fraude inmobiliario en Costa Dorada, de Baní, que involucra más de seis millones de metros cuadrados costeros, en un complicado limbo jurídico, porque los entes de justicia no han decidido resolver la situación.
Para entonces, fueron recusados los jueces Julio César Canó Alfau, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Doris Pujols Ortiz, presidenta de la tercera sala; Rafael Arntrongs Báez, Ramona Rodríguez, Nancy Joaquín Castillo, Isis Muñiz, Yuly Tamarís, Indhira Montás, Daniel Nolasco, de la primera sala; Delio Germán, Luís Omar Jiménez, Rosalba Garib, Pedro Sánchez Rivera, presidente de la segunda sala, y Mariana Daneira García.
buscando la prescripción
La demora suma ya más de nueve meses para la celebración de la audiencia que habrá de conocer los recursos de apelación, lo que, junto con la mora judicial, se cree es parte de una estrategia para luego levantar alegatos de prescripción y extinción de la acción penal.
Desde 2013, la operación fraudulenta ha afectado a las familias Mayol y Serrano, con décadas de tradición industrial, tras el develamiento de una red mafiosa que falsificó documentos y utilizó a una persona fallecida para vender acciones de Costa Dorada.
Ya fueron denunciadas varias maniobras dilatorias para obstaculizar el proceso judicial y, en consecuencia, maniatar a la justicia.