garantía económica
Coerción a ejecutiva de farmacéutica que vendía productos falsificados
Edismery Esther Vásquez Jiménez, encargada de Copem Hospiclinic, debe cumplir con presentación periódica y se le impuso impedimento de salida del país.
Edismery Esther Vásquez Jiménez, ejecutiva de la farmacéutica de Santiago, deberá pagar una garantía económica de 50,000 pesos.
La jueza de la oficina de Atención permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso ayer el pago de una garantía económica de 500,000 pesos a través de una empresa aseguradora, a la administradora de la farmacéutica Copem Hospiclinic, acusada por el Ministerio Público de delitos de contrabando, comercio ilícito y falsificación de productos farmacéuticos.
Yiberti Polanco, que estuvo a cargo del conocimiento de la coerción, también dispuso que Edismery Esther Vásquez Jiménez, en calidad de encargada de Copem Hospiclinic, debe presentarse periódicamente, además de imponerle impedimento de salida del país, mientras el Ministerio Público continúe con las investigaciones del caso.
Mientras, Robert Martínez, representante legal de la la empleada de Edismery Esther Vásquez, dijo que lo se trata en este caso es de “una competencia desleal entre dos empresas distribuidoras que se quieren apoderar de un mercado, perjudicando a su cliente”.
A través de un comunicado, el órgano de justicia indicó que inició la investigación luego de recibir la denuncia de parte de la víctima, la razón social Generical, S.R.L., indicando que la entidad imputada estaba produciendo, almacenando, comercializando y distribuyendo un producto bajo su marca, sin la debida regulación y la patente que exige la legislación, en franca violación a la Ley General de Salud 42-01, y en una evidente amenaza a la salud de las personas.
una amenaza a la salud
Por la gravedad de estos ilícitos, que no solo laceran la reputación comercial de la víctima, sino que, también, representan una amenaza a la salud y a la vida de pacientes a quienes se les suministren dosis de un medicamento falsificado, la Fiscalía tramitó ante el tribunal de Atención Permanente, la autorización para allanar el establecimiento imputado, ubicado en el municipio Puñal, de esta provincia.
Los allanamientos se realizaron conjuntamente con miembros del Cuerpo Especializado para el Control de Comercio y Combustible (CECCOM), así como representantes del Ministerio de Salud Pública.