Operación Calamar
Abogados de José Ramón Peralta recusan a jueza Patricia Padilla
Además de la recusación, que fue depositada en horas de la mañana de este martes, también procederán a realizar una denuncia ante el consejo del Poder Judicial.
Emery Rodríguez, Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Chanel Liranzo, abogados de José Ramón Peralta.
La barra de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó que depositó un recurso de recusación en contra de la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, por alegada violación en contra de los derechos del imputado en el caso de corrupción administrativa denominado operación Calamar.
De acuerdo al abogado Pedro Balbuena, además de la recusación, que fue depositada en horas de la mañana de este martes, también procederán a realizar una denuncia ante el consejo del Poder Judicial con el propósito de que se inicie un proceso disciplinario en contra de Padilla por alegada comisión de faltas graves en contra de su defendido.
Esta decisión se da luego de que la jueza rechazara una solicitud de revisión de medida de coerción en contra de Peralta y el pasado primero de septiembre mediante una resolución y de manera administrativa, fijara la audiencia de revisión, pautada para ese día, para el próximo 28 de noviembre del 2023.
En atención a esto, el acusado de desfalco al estado estaría sin ver la revisión de la medida consistente en 18 meses de prisión, que cumple en el Centro Correccional Najayo Hombres, por más de seis meses, cuando lo estipulado son tres meses.
El propósito de la recusación es que Padilla sea inhabilitada para continuar conociendo el proceso.
“Afirmamos que con su decisión, la Jueza ingresó en el terreno, de la falta dolosa de la parcialidad y de la prevaricación. La gravedad de esta cuestiones la inhabilitan para continuar siendo la Juez Control en el caso de José Ramón Peralta”, dijo.
La barra de defensa integrada además por Santiago Rodríguez, Chanel Liranzo y Emery Rodríguez, manifestó que la medida que cumple su patrocinado es “arbitraria e irrazonable” y que ni siquiera debería estar arrestado o justiciado en el proceso que involucra más de 17 mil millones de pesos.