super tucano
Caso Super Tucano, que tiene que conocerse de cero, explicado paso a paso
La empresa Embraer, admitió la entrega de sobornos, y fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
Aviones Super Tucano
Con la revocación este lunes de la sentencia que favoreció a los acusados de recibir sobornos por la compra de ocho aviones Super Tucano, el juicio empieza nueva vez desde cero.
Pero, ¿qué ha pasado hasta ahora en un caso que lleva más de siete años conociéndose en la justicia dominicana?
A mediados de marzo de 2016, un reportaje del medio estadounidense The Wall Street Journal reveló que Elio Moti Sonnenfeld, consultor de la empresa brasileña fabricante de aviones Embraer S.A., admitió a fiscales de esa nación que pagó alrededor de 3.5 millones de dólares en sobornos, a un funcionario dominicano para amañar una licitación de una orden de compra de ocho aviones Super Tucano, valorada en casi 94 millones de dólares.
República Dominicana adquirió estos aviones en 2008, cuando el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández a la cabeza, sometió un año antes el proyecto de compra de estos aviones al Congreso Nacional e instruyó a sus legisladores a aprobarlo.
Para 2016 y luego de conocerse la noticia, el procurador de ese entonces, Francisco Domínguez Brito ordenó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) iniciar la investigación a esta compra.
No fue hasta la gestión de Jean Alain Rodríguez, en 2017, que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra seis personas y tres compañías, por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Estas personas eran el exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
En ese entonces, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra del coronel Piccini Núñez y dispuso la libertad del mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, tras imponerle impedimento de salida y presentación periódica.
De igual forma, el tribunal dispuso colocación de brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida a los empresarios Daniel Aquino Méndez, y su hijo, Daniel Aquino Hernández.
En su resolución, el juez también declaró el caso complejo.
Casi tres años después, el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción de Piccini Núñez, dejándolo en libertad y disponiendo el pago de RD $1 millón bajo la modalidad de fianza y presentación periódica por ante la Pepca.
En el proceso de investigación, el Ministerio Público se reunió con Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) para recabar informaciones.
Asimismo, la Pepca indicó que profundizó en todas las menciones y referencias de legisladores, políticos, exfuncionarios, así como también, de otras personas, empresarios y compañías, pero “las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas”.
Por este caso de corrupción administrativa la empresa Embraer admitió la entrega de sobornos, y fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
A finales de marzo de año 2021 fue enviado a juicio de fondo Peña Antonio y Piccini Núñez, al mismo tiempo que fue dictado auto de no ha lugar a juicio a los imputados Del Orbe Berroa y Abreu Rosario. Mientras que Aquino Méndez fue descargado, aunque su hijo continúo en el juicio.
En mayo de 2022, el Ministerio Público presentó las conclusiones del caso y pidió la imposición de 10 años de prisión y el pago de una multa de US$7 millones en contra de contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.
En ese mes, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de coimas para tales fines contra los implicados en este caso.
Las juezas Arlín Ventura Jiménez, quien preside el tribunal, Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, descargaron por insuficiencia de pruebas al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, y el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
Asimismo, el tribunal absolvió al empresario Daniel Aquino Hernández, y a las empresas 4D Busssines Group y Magycor.
“El tribunal concluye que no ha quedado
comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que le han sido presentados”, aduce el dispositivo de la sentencia.
Ante esta sentencia, el Ministerio Público apeló la decisión y este lunes la primera sala penal de la corte de apelación revocó la sentencia y ordenó el inicio de juicio desde cero.
El juicio del caso Súper Tucano comenzará de cero