Las veces que Abinader ha dado marcha atrás a sus iniciativas

El presidente de la República, Luis Abinader, inició su administración con una clara intención de implementar reformas que modernicen y fortalezcan la estructura estatal del país. Sin embargo, en solo dos meses de gobierno y también durante su primer mandato presidencial (2020-2024), ha enfrentado mucha oposición por parte de distintos sectores de la sociedad, que lo han llevado a retirar sus iniciativas. El más reciente es el caso de la reforma fiscal. El pasado sábado, el jefe de Estado solicitó el retiro de “inmediato” del proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Esta decisión llegó tras semanas de intensos debates públicos y protestas generalizadas, donde la sociedad dominicana expresó su rechazo a la propuesta a través de cacerolazos nocturnos y manifestaciones frente al Congreso Nacional. El proyecto buscaba, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales y el aumento de ciertos impuestos, en un intento de estabilizar la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado, pero ante la falta de apoyo popular se vio en la necesidad de retroceder. Este no es el único episodio en el que Abinader ha tenido que dar marcha atrás debido a la presión social o a la falta de consenso político. En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, en febrero de 2023, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo. El gobierno indicó en ese entonces que el propósito de la medida era “lograr el consenso público necesario”. La polémica pieza, que llegó a la cámara alta cuando el país estaba concentrado en sus preparativos navideños y de Año Nuevo, establecía en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”. También, que podrían gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes y optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que sería fundado en caso de aprobarse el proyecto. Otra medida echada para atrás se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representaran incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública. La comunicación establecía que el cumplimiento de la norma se realizaría salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameritaran, y que contaran con la debida autorización, tanto del MAP como de la Digepres. Esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún estaban a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para “aclarar” que la circular no limitaba los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir personal activo. Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas por el aumento de las tarifas y las facturas eléctricas y que junto con los apagones, se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno. Debido a los reclamos, Abinader expresó que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”. Mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022. El mandatario instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que sancionaba a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias. “Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó en ese entonces Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El 11 de enero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo, integrado por dos instituciones del Estado, la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE). La finalidad del fideicomiso CTPC era la de crear una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”. De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”. La Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población. Durante una visita al LISTÍN DIARIO, el director General de Migración en ese entonces, Enrique García, dijo que la medida fue suspendida. Justo cuando en el país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre de 2021, la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría implementar una reforma fiscal para el año siguiente. En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de reforma fiscal que se atribuyó al gobierno. De acuerdo con el mandatario, su propuesta de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el diálogo de las reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que por “razones de tiempo” el Gobierno no contemplaba que el tema de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales con el fin de socializar las medidas que proponen. Las críticas no cesaron desde el momento en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron públicamente su desacuerdo, por lo que noche de ese 27 de octubre, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos, y no sometió una reforma tributaria.

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Otro retroceso de Abinader fue el aplazamiento del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, tras recibir fuertes críticas sobre la transparencia y los fines del acuerdo

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