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Ministro de Hacienda: Una ley de incentivo no puede ser eterna

Jochi Vicente dice sectores tienen derecho a defender exenciones, pero el gobierno la ha estado estudiando desde hace cinco años.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando explicaba los alcances de la reforma fiscal durante el Desayuno del Listín, encabezado por el director, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando explicaba los alcances de la reforma fiscal durante el Desayuno del Listín, encabezado por el director, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral.Jose Alberto Maldonado

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, defendió el Plan de Modernización Fiscal indicando que cada una de las medidas planteadas han sido profundamente ponderadas durante años.

“Nosotros hemos pasado cinco años analizándolo todo, viendo alternativas, moderando cosas, quitando cosas, añadiendo otras cosas, volviendo a quitar cosas. Nosotros durante todo este proceso, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno en general, el mismo Presidente ha tenido la puerta abierta para recibir a todo el que ha pedido una cita”, indicó el funcionario como una muestra de que han estado en disposición de escuchar las inquietudes de todos los sectores.

Al conversar con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral, en el Desayuno del Listín, el ministro señaló que “todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de dotar recursos al Estado”, pero que a la hora de los sacrificios nadie quiere que lo toquen.

Al referirse a la oposición al desmonte de las exenciones, el ministro indicó que es una reacción totalmente natural que los sectores implicados rechacen las medidas anunciadas en el Plan de Modernización Fiscal, pero destacó que una ley de incentivo no puede ser eterna.

“Todos los sectores están en su derecho de exigir y defender, a capa y espada, lo que tienen actualmente, y ellos deberán de exponer los motivos por lo que entienden que debe ser mantenido, y se analizará y se verá. Lo que sí yo le digo, como le dije al inicio, nosotros tenemos cinco años analizando esto (…) aquí lo que se hizo fue viendo ese análisis costo-beneficio”, refirió el funcionario durante el desayuno Listín Diario, en el que estuvo acompañado de la viceministra de Crédito Público, María José Martínez; la directora de Política y Análisis Fiscal, Camila Hernández; el director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de Digepres, Rafel Jovine; y el asesor, Gian Lucas Marra.

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Sectores tienen derecho a defender exenciones


“Una ley de incentivo no puede ser eterna, porque la función de una ley de incentivo es, digamos, que el Estado te da una mano de ayuda por un período determinado (…) pero cuando ya tú estás corriendo, como que no se justifica mucho el apoyo del Estado”.

El ministro justificó la eliminación de los incentivos al sector turístico indicando que el sector turístico es sólido, robusto, maduro, y con un nivel de competencia a nivel internacional, que le lleva millas a todos sus competidores regionales.

En el caso de las exenciones a eliminar de la Ley de Cine, Vicente señaló que ya han pasado 10 años y que ha llegado la hora de cambiar la distribución de riesgo con el tema de la creación de obras cinematográficas. “El gobierno ha planteado, al igual que en otros sectores, que no es un tema en contra de ningún sector la revisión de las extensiones, en el caso específico del cine, el Estado va a seguir apoyando la industria”.

Apuntó que la Ley de Cine contempla un fondo para el apoyo de la industria que en los últimos años ha recibido entre 12 y 13 millones de pesos, y puntualizó que están proponiendo incrementar esta asignación y que las obras cinematográficas compitan en función de méritos, como hacen otros países.

Aclaró que quienes ya tengan sus proyectos aprobados no entrarían en los efectos de esta reforma fiscal propuesta.

“Dos países en uno”

En respuesta a la pregunta sobre cuál es la necesidad de la reforma fiscal, si el país ha logrado posicionarse como una de las economías más vibrantes de la región, Vicente señaló que “es verdad, somos la séptima economía del Caribe, somos la economía que más crece, somos una economía dentro de la región que tiene todo a su favor, pero la otra verdad es que aquí hay dos países en uno solo (...) una gran parte de la población que tiene necesidades básicas suprimidas, no atendidas y tenemos otra parte que tiene los medios para resolverse sus problemas (...) y nosotros no podemos seguir fomentando esa situación, y parte de lo que se está proponiendo es dotar al Estado de recursos para ir desmontando ese segundo país de privación de necesidades”, expuso.

Prudencia

El funcionario manifestó que a la hora de definir las medidas propuestas en el Plan de Modernización Fiscal, el Gobierno desestimó algunas acciones, que aunque pudieron verse como necesarias, no era prudente asumirlas en el contexto actual.

“Esto no es un tema nada más técnico, aquí hay un aspecto político y un aspecto social, que deben ponderarse, cada cual en su magnitud, porque esto no es nada más un tema recaudatorio, o sea, aquí hay medidas que pudieron haber sido tomadas, pero que luego de las discusiones técnicas, políticas dentro del Gobierno, se entendió que no”, explicó el ministro.

Detalló que “pudiéramos haber aspirado en una recaudación mayor por ITBIS, que ahora pasará a llamarse IVA, pero qué implicaba eso.Implicaba algo que nosotros entendemos que no es razonable, y punto. La propuesta se fue adaptando, digamos que a esta convivencia de estos tres factores: el aspecto netamente económico, el aspecto social y el aspecto político”, detalló el funcionario ante los ejecutivos del Listín Diario. 

Medidas compensatorias 

Como parte de la propuesta de reforma fiscal, el Gobierno contempla la implementación de una serie de medidas compensatoria, indicó el ministro de Hacienda durante el Desayuno del Listín.

Explicó que se anunció el aumento de las ayudas sociales mediante el programa Aliméntate, que pasará de RD$1,650 a RD$2.000 para 350,000 personas.

También se refirió al aumento del salario mínijmo en el sector público de RD$10,000 a RD$15,000, y una revisión del salario mínimo en las empresas privadas no sectorizadas, que se debatirá en el Comité Nacional de Salarios.