Sólo 255 funcionarios municipales, de los 2,456 que fueron electos, presentaron su declaración jurada
Hasta el 29 de mayo, solo 127 funcionarios municipales en cargos de elección popular, electos, reelectos y salientes habían presentado la documentación, por lo que la Cámara de Cuentas, a mediados de junio exhortó suspender el pago a funcionarios municipales que no habían presentado declaración de patrimonio.
Un área de oficina de la Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) indicó que hasta el 28 de junio solo 255 de los 2,456 funcionarios electos por elección popular el pasado mes de febrero en los Ayuntamientos (alcaldes, vicealcaldes, regidores) y Juntas de Distritos Municipales (directores, vocales) habían presentado su declaración jurada de bienes.
En nota de prensa indicaron, además, que 99 de los que fueron reelectos presentaron la documentación correspondiente.
Asimismo, solo 10 de los 1,676 funcionarios municipales salientes habían presentado la declaración jurada.
Hasta el 29 de mayo, solo 127 funcionarios municipales en cargos de elección popular, electos, reelectos y salientes habían presentado la documentación, por lo que la Cámara de Cuentas, a mediados de junio exhortó suspender el pago a funcionarios municipales que no habían presentado declaración de patrimonio.
De igual forma, la Cámara de Cuentas actualizó la herramienta que muestra el estatus del nivel de cumplimiento de la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios municipales electos y reelectos en febrero del presente año y los cesantes.
Este módulo, además del estatus, contiene la fecha de entrega de la declaración y la cantidad de días con relación al plazo de vencimiento.
“Adicionalmente a esta data en el módulo de verificación, le estamos añadiendo la condición de la entrega (atraso o en tiempo hábil) y la cantidad de días con relación al plazo de vencimiento que estipula la ley 311-14”, indicó Janel Andrés Ramírez Sánchez.
Pidió a la sociedad dominicana mantenerse vigilante del proceso de declaración jurada de bienes de los funcionarios municipales como parte del control social que debe ejercer.