Agua
RD tiene más de siete años tratando de adherirse a un convenio internacional para protección y uso de "aguas transfronterizas"
El convenio, en caso de tener la firma de República Dominica y Haití, partiría como base y argumento legal e internacional para solventar el conflicto
La construcción del canal en el río Masacre ha sido el detonante del conflicto entre República Dominicana y Haití.
Desde el 2016, la República Dominicana inició el proceso de adhesión al convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos, ríos y lagos internacionales, una iniciativa internacional que busca promover la paz y garantizar la seguridad de recursos hídricos en el mundo.
Sin embargo, y a pesar de la reciente crisis con Haití por la construcción de un canal en el río Masacre que desviaría el cauce, el país aún no ha logrado adherirse al mismo.
El convenio, que fue firmado y aprobado en primer lugar en el año 1992 sólo para un conjunto de países europeos, fue posteriormente modificado y permitió la entrada de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos el país.
El convenio cuenta con una serie de disposiciones que buscan lograr el consenso entre dos o más países que comparten “aguas transfronterizas”, estableciendo pautas para regular su uso y manejo, sin que ninguna de las partes se vea afectada.
Asimismo, el convenio dispone mecanismos de prevención, control y reducción del impacto transfronterizo, indicando que las partes (países) aplicarán las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los recursos hídricos para todos.
Igualmente, dentro de lo establecido en el Convenio, entra la posibilidad de que, en caso de que surja un conflicto o situación problemática entre ambas partes, y no logren ponerse de acuerdo mediante la diplomacia, sería la Corte Internacional de Justicia la encargada de dar cavidad al caso y disponer de una sentencia que resuelva el caso.
El convenio, en caso de tener la firma de República Dominica y Haití, partiría como base y argumento legal e internacional para solventar el conflicto. No obstante, como ninguno de los dos países está adherido, el mismo solo funciona como referencia.
Una comisión del Senado de la República se reunió el año pasado con funcionarios de Cancillería para conocer el convenio, pero a la fecha no ha sido conocido ni aprobado en el Congreso Nacional, acción necesaria para que entre en vigencia.