Gobierno

Mapre dice comprobó que cheques identificados en auditoría fueron depositados a beneficiarios

El ministro Administrativo, José Ignacio Paliza,Archivo

En respuesta a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre), esta entidad indicó que los cheques entregados fueron “depositados por el beneficiario final en las cuentas correspondientes y utilizados para los fines que fueron erogados”.

En su informe, la Contraloría General de la República señaló que unos 36 cheques entregados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia se hicieron a personas distintas a los beneficiarios, sin un documento de autorización de retiro en incumplimiento a la política interna, por un total ascendente a RD$97,313,737.96.

“Durante nuestra verificación de los cheques realizados a las cuentas de 'personas jurídicas' e 'iglesias' identificamos que existen cheques otorgados sobre los cuales la institución no posee una carta de autorización firmada y sellada por el beneficiario (entidad u organización)”, establece el informe del 22 de junio.

En su respuesta, en la propia auditoría, el Ministerio Administrativo de la Presidencia estableció que el 36% corresponden a fondos entregados a ayuntamientos y juntas municipales, los cuales son representados por el alcalde o directores municipales.

“Muchos de estos de estos cheques fueron entregados por el viceministro administrativo de la presidencia, quien según la política tiene facultad para tales fines”, respondieron en la auditoria que se hiciera desde el primero de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.

Asimismo, señalaron que a favor de la Iglesia Católica se entregaron 31% de los cheques, correspondiente a una asignación fija mensual de fondos presidenciales.

“El enlace entrega a los respectivos obispados y/o arzobispado, como se comprueba en la recepción del cheque y en los endosos. Esta situación está siendo actualizada”, escribieron.

Indicaron que están tomando acciones que les permita reforzar el control en el proceso de entrega de los cheques a los beneficiarios jurídicos, “enfocado a que ninguna persona sin una autorización pueda retirar cheques”.