Colisionan ideas de diputados frente a la propuesta de reforma constitucional

Con observaciones y rechazo recibieron ayer algunos legisladores la propuesta de modificación constitucional presentada por el presidente Luis Abinader.

Además de las diferencias que tienen, de manera habitual, los representantes de partidos políticos opositores con las propuestas del Gobierno, congresistas del mismo Partido Revolucionario Moderno (PRM) difieren sobre lo planteado el pasado lunes por Abinader.

Tal es el caso del diputado Ramón Bueno, dirigente del PRM, quien dijo tener “reservas” con el particular presentado por el primer mandatario, que está centrado en cuatro puntos fundamentales de modificaciones en la Carta Magna.

“Con el tema que tiene que ver con los legisladores yo tengo mis reservas”, dijo Bueno, reaccionando al planteamiento de Abinader, quien busca reducir la cantidad de miembros que tiene la Cámara de Diputados en la actualidad. Pasando de 190 a 137 legisladores en la Cámara Baja.

Contrario a lo que considera el Gobernante, el congresista oficialista del Distrito Nacional entiende que esto no solucionará, ni reducirá, los costos del Estado dominicano.

“Eso no viene a resolver el problema. Eso resuelve el problema de dos pesos, cuando en otras cosas se van miles y miles de millones de pesos”, dijo, cuestionando si eso es una prioridad para la sociedad dominicana.

Asimismo, Bueno valoró de manera negativa lo anunciado por Abinader el pasado lunes, quien explicó que su visión de un Ministerio Público políticamente independiente podrá ser alcanzada colocando su designación a manos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Retirando, además, al procurador dentro de los integrantes de esta mesa que quedará conformada por el jefe del Estado, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y un juez, los presidentes de ambas cámaras legislativas y representantes de la segunda mayoría política.

Ante esto, el legislador perremeísta dijo que forma ideal para la selección del procurador general de la República es sometiendo a un referendo, en el que sea la sociedad el principal elector del ocupante de esta importante posición judicial.

“Creo que hay que buscar vías para que la población pueda escoger en temas tan complejos. Para que la población diga quién debe ejercer una función tan delicada”, aseguró Bueno, indicando que de esta manera se podrá garantizar que ningún procurador deba pagar “favores políticos” en el futuro.

Por otro lado, el diputado Francisco Solimán, también del PRM, dijo estar de acuerdo con que se reduzca la matrícula de diputados en el país. Aseveró que esto permitirá que sean aprobados más proyectos, sin tanta “dispersión en las ideas”. Excediendo los 137 apuntados por Abinader, Solimán valoró como positivo que el registro de diputados sea disminuido a 120.

Mientras tanto, el diputado del Partido Quisqueya Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, rechazó que Abinader pueda utilizar la mayoría absoluta en el próximo cuatrienio 2020-2024 para aprobar la reforma constitucional.

“Yo entiendo que lo que ha propuesto el presidente de una mayoría que ya tienen aquí; sin embargo, yo entiendo que deberán hacer las consultas condignas y escuchar los reparos que tenemos”, expresó.

Wessin Chávez emitió estas declaraciones recordando la reforma constitucional realizada en 2010 por el expresidente Leonel Fernández, que, según valoró, fue legítima porque tomó en consideración las posiciones de los distintos sectores de la sociedad.

El diputado del PQDC, partido aliado a la Fuerza del Pueblo, refutó señalando varias motivaciones la propuesta de Abinader, específicamente en el punto que versan sobre la independencia del Ministerio Público. Además, piensa que deberá ser discutido en profundidad el artículo que tendrá por objetivo “blindar la democracia”, con el impedimento de una alteración a los términos actuales de elección presidencial.

La pieza, que será depositada por Abinader el próximo 16 de agosto en el Congreso Nacional, también buscará unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales para disminuir en gasto del Estado en la celebración de los comicios.