Conferencia del Episcopado pide preservar las cordilleras Central, Septentrional y el agua

La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su apoyo a las comunidades que se mantienen en defensa de la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.

A través de un comunicado, la comisión se unió a la demanda de que estos territorios sean resguardados de actividades mineras que atentan contra su integridad ecológica.

“Nos unimos a la demanda de que estos territorios sean resguardados de actividades mineras, ya que pueden comprometer la integridad ecológica de estas zonas y perturbar su rol en el ciclo hidrológico del país. En tal sentido, instamos a nuestras autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que piden el respeto de las cordilleras Central y Septentrional”, señala el comunicado.

Recordaron las palabras del papa Francisco en la encíclica Laudato Si', que habla sobre el cuidado de la casa común como una responsabilidad compartida, que exige decisiones prudentes que deben estar orientadas al bien común y la sostenibilidad de la vida.

“Por lo tanto, las montañas no solo constituyen un patrimonio natural invaluable, también son un elemento esencial para el equilibrio ambiental y la supervivencia del país”, agregan.

Subrayan que su mayor preocupación frente a las operaciones mineras en ambas cordilleras es el impacto sobre el recurso agua, ya que es vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas.

Precisan que las cordilleras funcionan como reservorios hídricos, que captan, almacenan y distribuyen el agua que va hacia los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional, por lo que esta alteración podría afectar la disponibilidad y calidad del agua.

“En consecuencia, impactaría a la presente y a las futuras generaciones. La preocupación se extiende a todo acuífero o sistema hídrico nacional que necesite ser protegido de acciones que pongan en riesgo su vida útil”, dice la comisión.

Asimismo, explican que las actividades mineras por naturaleza implican la remoción de suelos y uso intensivo de sustancias químicas, a lo que se suma la generación de desechos altamente tóxicos que, aun bajo controles técnicos, acarrean riesgos para las fuentes hídricas.

Esta contaminación por metales pesados o sedimentos representa un peligro, por lo que estas actividades podrían tener una secuela directa en la modificación de los cursos naturales del agua; también afectan los ecosistemas que dependen de las cuencas que resulten afectadas, citando como ejemplo la situación de la Presa de Hatillo.

“Como señala Laudato Si’, “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal” (LS n.30). Proteger las montañas que garantizan este recurso es, por tanto, una expresión concreta de justicia social. También es una forma de respeto a la dignidad humana. Por lo que quienes están haciendo sano uso de sus derechos ciudadanos realizan una acción legítima. Ellos reclaman que en ambas cordilleras no se aprueben proyectos de operación minera. Este es un reclamo justo por la vida de toda la nación”, dice.

Ante esto, la comisión reafirmó su compromiso con una visión de desarrollo nacional integral sustentable, por lo que piden se apliquen políticas económicas que armonicen el proceso económico con la protección ambiental.

Y solicitan de manera especial la protección del agua como criterio básico de decisión sobre la viabilidad o no de cualquier proyecto minero.

“De igual forma, invitamos a que se promuevan alternativas económicas que aseguren el bienestar integral presente sin comprometer el futuro. En este espíritu, iluminados por la Laudato Si, número 13, exhortamos a fomentar el diálogo responsable entre autoridades y el pueblo, a los fines de buscar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de nuestros ecosistemas”, finaliza el comunicado.