Familiares de personas atropelladas en las vías piden a jueces privación de libertad, pero no se les concede

Los choques automovilísticos en las vías del país que dejan como resultado la muerte de transeúntes siguen marcando luto en muchos hogares, donde los familiares de las víctimas, tras el accidente en el que pierden a su ser querido, exigen justicia.

El caso más reciente fue el de Aida Nicole Reyes Gómez, la joven de 21 años que murió tras ser atropellada en la avenida Winston Churchill el pasado 26 de febrero. Durante las investigaciones, el padre de la fallecida esperaba la privación de libertad para Raquel Guzmán Torres, quien conducía el vehículo que atropelló a su hija.

Tras escuchar el veredicto en la medida de coerción, consistente en garantía económica de dos millones de pesos e impedimento de salida en contra de Guzmán Torres, el progenitor de Reyes Gómez sostuvo que debía reflexionarse al respecto.

Sin embargo, el caso de Aida Nicole Reyes Gómez no es el único en el que la Ley 63-17 y su artículo 303, sobre las penas a los conductores que resulten penalmente responsables de un accidente que ocasione daños o la muerte, no se ha impuesto.

En octubre del año pasado, Altagracia Trinidad, su hermana y su hija de 15 años de edad fueron embestidas por un automóvil a la salida de un supermercado, lo que provocó la muerte de Altagracia y heridas graves a su hija y su hermana.

Quien iba conduciendo el vehículo era un menor de edad, hijo de la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, a quien se le dictó medida cautelar consistente en impedimento de salida, presentación periódica y prohibición del uso de redes sociales.

Durante los últimos días, la familia Trinidad, junto a sus abogados, pedía que el caso fuera considerado como homicidio involuntario, más no como un accidente de tránsito.

Meses antes, Julio César de la Rosa Peralta 'Junior', de 33 años, hijo de Julio de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), perdió la vida en la autopista 30 de Mayo al ser impactado por un jeep, marca Hyundai, modelo Santa Fe Sport, año 2018.

Al volante iba la venezolana de 27 años Shakie Valentina Mujica Zapata, a quien se le acusaba de que, tras el atropello, abandonó a la víctima y no le prestó asistencia. A Zapata se le impuso el pago de una garantía económica de un millón de pesos bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica, así como la retención del pasaporte.

Ninguno de los casos terminó en la privación de la libertad, dejando en algunos la sed de una justicia más severa que los tipifique como asesinatos y no como accidentes involuntarios, dada la manera en la que son atropellados sus familiares.

La muerte involuntaria de una persona o más personas implicará una sanción de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa por un monto de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado, según la ley 63-17.