Franjul presenta informe ante la SIP sobre principales desafíos a libertad de prensa en RD

El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para República Dominicana, Miguel Franjul, presentó ayer un informe ante la 80 asamblea general de ese organismo en el que enumeró los principales desafíos observados en el país entre 2023 y 2024. Específicamente, Franjul, director de Listín Diario, remarcó los casos relacionados con la implementación de la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, las sanciones impuestas a medios de comunicación por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y los riesgos potenciales asociados a la modificación de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia(DNI). La libertad de prensa en la República Dominicana ha enfrentado algunos retos significativos en los últimos meses, relacionados principalmente con el acceso a la información pública, las restricciones impuestas a periodistas en actividades oficiales, y el control de contenido en los medios audiovisuales. Los principales desafíos observados en el país entre 2023 y 2024, están relacionados con la implementación de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, las sanciones impuestas a medios de comunicación por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y los riesgos potenciales asociados a la modificación de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Ley 200-04, que garantiza el libre acceso a la información pública, ha sido un instrumento clave para la transparencia en la administración pública. Sin embargo, su implementación ha estado plagada de dificultades, tal como lo ha denunciado el Grupo de Medios Panorama, que en mayo de 2024 sometió a los ministerios de Cultura y Agricultura, así como a Edesur y al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por violar la ley al negarse a proporcionar la información solicitada. En junio, el diario “Diario Libre” reportó que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) tardó más de seis meses en responder a una solicitud de información, evidenciando el retraso sistemático en el cumplimiento de esta ley. Asimismo, varios medios, como El Día y Listín Diario, han denunciado la resistencia de funcionarios a entregar información pública, incluso en casos que no involucran datos sensibles, lo que ha obligado a los periodistas a recurrir a la Ley de Libre Acceso. El presidente de la República intervino el 25 de junio, llamando a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones bajo la Ley 200-04. Sin embargo, los medios han continuado reportando obstrucciones, como lo evidenció un amplio reportaje del Listín Diario del 29 de junio, que detallaba las trabas enfrentadas por los periodistas en sus solicitudes de información. Además de las dificultades en el acceso a la información, ha habido casos en los que los periodistas han sido directamente impedidos de realizar su labor. El 24 de julio de 2024, Listín Diario condenó un incidente en el que a los corresponsales no se les permitió cubrir un evento oficial al que inicialmente habían sido invitados: la inauguración de nuevos pabellones en Haina para migrantes. Este patrón de interferencias en eventos presidenciales es preocupante y plantea dudas sobre el compromiso del gobierno con la transparencia. El 25 de julio el Senado culminó el trámite legislativo para aprobar en segunda lectura el proyecto de Ley 38-24, que establece La Cláusula de Conciencia como Protección de los Derechos Laborales en Favor de los Periodistas en la República Dominicana. Dicha ley fue promulgada por el presidente de la República el 9 de agosto de 2024. Desde la reforma constitucional de 2010, la República Dominicana incluyó en el glosario de los derechos fundamentales la cláusula de conciencia de los periodistas y el secreto profesional (art. 49), convirtiéndose en una de las pocas constitucionales latinoamericanas que consagra estos derechos de la clase profesional de los periodistas. La nueva Ley 38-24 viene a desarrollar ese instituto legal de protección y tutela de la independencia deontológica de los periodistas. La CNEPR ha estado particularmente activa en 2024, imponiendo sanciones a diversos programas y figuras públicas por el uso de lenguaje soez y explícito. En junio, el programa Sin Filtro Radio Show y el cantante de música urbana Joan Manuel Nova (Sujeto Oro 24) fueron sancionados por el uso de “lenguaje exageradamente vulgar” en una transmisión en vivo. En agosto, la comunicadora Tamara Martínez fue suspendida por 30 días de la radio y la televisión bajo el argumento de que utilizo un lenguaje vulgar en el programa Fogaraté Radio Show, que también fue suspendido por 10 días. Estas acciones han generado un debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de contenido en los medios de comunicación, con algunos sectores criticando la falta de claridad en los criterios utilizados por la CNEPR. El pasado 19 de septiembre se presentó ante el Senado un proyecto de ley para modificar la Ley 1-24 que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Entre los periodistas y defensores de la libertad de prensa, esta ley despertó preocupaciones de que algunas de sus disposiciones puedan ser utilizadas para aumentar el control gubernamental sobre los medios y restringir las libertades de prensa y de expresión, particularmente en lo relacionado con la vigilancia y la seguridad nacional. Por otro lado, el anteproyecto de ley que reforma y moderniza la legislación dominicana sobre libertad de prensa, elaborado por una comisión consultiva creada por el presidente Luis Abinader, no ha sido introducido al Congreso Nacional, pese a que ya tiene varios meses listo para que eso suceda. A pesar de que la República Dominicana ha mostrado avances en materia de libertad de prensa, los hechos presentados en este informe reflejan que aún persisten serias limitaciones. El acceso a la información pública sigue siendo un desafío, con obstáculos burocráticos que afectan el trabajo de los periodistas. Además, las restricciones a la cobertura de actos oficiales y las sanciones impuestas por la CNEPR destacan las tensiones entre la regulación estatal y la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa debe mantener un enfoque vigilante sobre la situación, exhortando al gobierno dominicano a que garantice un entorno más propicio para el ejercicio pleno y sin restricciones de la labor periodística.

80 ASAMBLEA GENERAL

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