Leonel, Miguel y Abel denunciaron en la OEA uso de recursos del Estado y del narcotráfico en campaña

Los candidatos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, del Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas y de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, que conforman la alianza opositora “RescateRD” pidieron a la OEA una “urgente” presencia en el país para que sea garante de las elecciones del 19 de mayo.

Alegan que “en adición al uso y abuso de los recursos públicos, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico”.

En un documento al que Listín Diario tuvo acceso, firmado por los tres líderes de la RescateRD, y que fue entregado en la OEA por la comisión de esa alianza, cuyo vocero fue Miguel Vargas, advierten de un supuesto peligro que limitaría el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. La comisión fue recibida en Washington por Cristóbal Fernández.

“Advertimos que está en curso en nuestro país un peligroso proceso de restricción y limitación de los derechos ciudadanos consagrados y protegidos en el Sistema Interamericano, como lo son el derecho a elegir y ser elegido, y los principios de equidad, transparencia e igualdad, que deben ser consustancial de todo régimen democrático” expresa el documento.

Además del retraso del Gobierno en la entrega del completivo de los recursos para el presente proceso electoral, los líderes opositores también deploraron la “compra” de cédula en las elecciones de febrero pasado y dirigentes, alcaldes, regidores, diputados y senadores de los partidos de oposición, otorgándoles privilegios para que pasen a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

A continuación reproducimos el texto íntegro:

Accedemos a Usted, en su condición de Secretario General de la Organización de Estados Americanos, en nombre y representación de los partidos políticos: Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo (FP), que a su vez integran la Alianza Opositora Rescate RD, que aglutina a los partidos políticos, que en nuestro país constituyen las organizaciones políticas más representativas, en término cuantitativo de la oposición, en el sistema electoral dominicano.

El propósito de nuestra visita es apoderarlos, como entidad representativa de la democracia interamericana, de la dirección que le ha impregnado el actual gobierno al proceso de elección de autoridades en curso en nuestro país, por entender que en el mismo se han producido hechos y situaciones preocupantes, que riñen con el compromiso democrático del Estado dominicano, y la Carta de Derechos de la cual somos signatarios y de las organizaciones políticas exponentes.

En efecto, lo hacemos porque advertimos que está en curso en nuestro país un peligroso proceso de restricción y limitación de los derechos ciudadanos consagrados y protegidos en el Sistema Interamericano, como lo son el derecho a elegir y ser elegido, y los principios de equidad, transparencia e igualdad, que deben ser consustancial de todo régimen democrático. El propósito de las actuaciones del partido de gobierno es lograr continuar en la dirección del Estado a cualquier precio, pero en un sistema diferente y un modelo sofisticado de partido hegemónico en la República Dominicana, mediante la utilización de prácticas no democráticas que le permitan al actual gobernante la toma de todas las instituciones estatales, y su concentración en un solo partido.

Mediante estas prácticas se busca restringir derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, las cuales ya se manifestaron mediante acciones dirigidas desde el Estado para la compra de la voluntad de los electores, mediante la entrega de dádivas, el uso de los recursos públicos, y la puesta a disposición del partido de gobierno de toda la estructura estatal.

Un ejemplo muy evidente de esta afirmación, lo constituyó el hecho de que los partidos de oposición nos vimos compelidos a acudir a la instancia judicial, para que obligara al Presidente de la República, que a su vez es candidato presidencial, a entregar los fondos que para la financiación de la política prevé la Ley 20-23 del Régimen Electoral, en su artículo 224, y que el gobierno desde un principio se negaba a entregar.

Aunque esta solicitud fue rechazada por el Poder Judicial, sin ninguna explicación jurídicamente justificable, pocos días después, y acosado el Presidente de la República por la protesta de la oposición y el reclamo de una parte de los medios de comunicación, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que ellos estarían dispuestos a entregar los recursos de la financiación de la política, “para complacer la solicitud de la oposición”.

Es evidente que la negativa a la entrega de los fondos era una táctica del Ejecutivo para competir en ventaja respecto de las fuerzas políticas opositoras, y para ello no tuvo el cuidado de proteger la necesaria independencia del Poder Judicial, sobre todo en este proceso electoral.

Tenemos una basta documentación, que permite comprobar que desde antes del inicio del proceso electoral, el partido oficial puso en ejecución su plan para socavar las bases de la democracia dominicana, utilizando el presupuesto nacional del gobierno para la compra masiva de dirigentes, alcaldes, regidores, diputados y senadores de los partidos de oposición, atrayéndolos a las filas del oficialismo a través de asignaciones presupuestarias extraordinarias a las alcaldías envueltas en la operación, el otorgamiento mediante decreto presidencial de pensiones privilegiadas a dirigentes opositores que nunca han laborado en el Estado, e incluso algunos que ni siquiera residen en el país, a sus allegados más cercanos y en otros casos, empleando instrumentos provenientes del sector financiero estatal.

Nuestro país tuvo el privilegio de contar con el concurso de la OEA, para la aprobación de la normativa electoral, que fue ampliamente consensuada y que contiene una serie de disposiciones cuya implementación están dirigidas a garantizar que el derecho de elegir y ser elegido, esté rodeado de los mayores niveles de transparencia, equidad, igualdad y que imperen los principios de libertad, secretía y la objetividad en las elecciones, tal como se contempla en nuestra Constitución.

Estos derechos y principios fueron brutalmente limitados en la jornada electoral de febrero y conforme a los planes del partido gobernante, ya han iniciado acciones con este mismo propósito para las elecciones presidenciales y Congresuales, y se intensifican en la medida en que se acercan los comicios.

Estas maniobras se invisibilizan por el escandaloso gasto en publicidad gubernamental, convirtiendo la inversión publicitaria oficial en un vulgar instrumento de propaganda reeleccionista, y en un peligroso mecanismo de censura y restricción al principio universal de la libertad de expresión.

En la Ley del Régimen Electoral, consensuada con la OEA, se dispusieron medidas tales como: La limitación de la celebración y uso de actos por parte de las entidades estatales, como escenario de promoción de candidatos; la ampliación de los programas de asistencia social más allá de la cobertura ejecutada en el ejercicio presupuestal del año precedente; la prohibición de ampliar los beneficiarios y los montos asignados a esos programas, en el año electoral; la prohibición del uso de las áreas, espacios y equipos pertenecientes a instituciones estatales; la realización de inauguraciones de obras del gobierno central, las alcaldías y la extensión de todas estas medidas a toda la Administración Pública central, las autónomas y las descentralizadas.

En la misma normativa también, se prohibió el uso de la imagen, fotos oficiales de los candidatos, slogans o lemas oficiales en campaña. Todas y cada una de estas disposiciones están siendo violadas por el gobierno, sin que nadie pueda intervenir para hacer cesar esta práctica ilegal; en todos los niveles de elección.

Un ejemplo de las prácticas establecidas anteriormente, lo fue la utilización artera de los programas sociales del gobierno más allá de lo habitual, para torcer la voluntad popular, llegando al extremo de utilizar en el mes de febrero los bonos navideños y, además, distribuir ayudas económicas para el próximo año escolar que inicia en agosto, así como la creación en varios ministerios y Direcciones Generales de bonos de ayuda social para ser distribuidos en el periodo electoral.

En un hecho sin precedente en la historia electoral de toda Latinoamérica, el partido oficialista ha hecho la mayor subasta pública y ejecutado la compra descarada, incluso de candidatos inscritos en lugares en donde el candidato de gobierno carecía de posibilidades para ganar el certamen electoral, haciendo uso de los recursos que dispone del Estado; en algunos casos hasta 24 horas antes de las elecciones municipales; y en otros hasta 24 horas después de vencido el plazo para inscribir candidatos, para de esa manera provocar que la oposición deje la boleta vacía o improvise una nueva candidatura.

El 18 de febrero de 2024, mientras los partidos de oposición jugábamos limpio apostando por la libre expresión de la voluntad de la gente, el oficialismo desplegó una operación espuria de compra masiva de votos, haciendo uso de dinero público, para doblegar voluntades e inducir una abstención electoral récord, que en las grandes demarcaciones sobrepasó el 60%, y en las pequeñas sin embargo, apenas rondó hasta el 5% o menos.

En las elecciones de febrero, las fuerzas del gobierno ocuparon los centros de votación, con la complicidad de la Policía Militar Electoral, fueron dueños del escenario electoral, le informamos que la oposición, en esta ocasión, no va a permitir que ese escenario se vuelva a producir, razón por la cual, por la paz y la tranquilidad en el proceso electoral, requerimos prestar especial interés a esta situación, que por demás ustedes mismos hicieron constar en su informe de observación de las elecciones municipales.

La descarada ofensiva gubernamental para adulterar la voluntad popular y castrar la libertad de los votantes fue puesta en evidencia por el propio Informe de la OEA acerca de la observación electoral en las elecciones municipales del 18 de febrero en el que expresó lo siguiente: “Las y los observadores de la OEA constataron compra de votos por parte de fuerzas políticas y, en algunos recintos, situaciones que rozaron el asedio a los votantes.”

Esta penosa situación creó inquietud en toda la población, al quedar en evidencia que el presidente de la República, al elaborar la Ley de Presupuesto y Gasto Público, recortó a la mitad la contribución estatal a los partidos reconocida por la ley 20-23 sobre el Régimen Electoral, la cual establece la asignación de un 0.5% de los ingresos fiscales del año electoral, al no incluirlo al momento de remitir el Proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso de la República, de igual manera, aun disponiendo de la observación presidencial que dispone la Constitución cuando se trata de un error o inobservancia en la aprobación del Presupuesto por parte del Congreso Nacional, tampoco lo hizo, para después pretender negarla entrega de los recursos dispuestos por la Ley; en adición, finalmente en febrero hizo una entrega de recursos conforme a la conveniencia electoral de su partido, para asfixiar económicamente a la oposición.

Es importante destacar que la financiación de la política contemplada en la Ley del Régimen Electoral, fue uno de los reclamos que históricamente hizo el fallecido líder del Partido Revolucionario Dominicano, Dr. José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, acudiendo a subterfugios y tecnicismos legales para vulnerar esos derechos, el gobierno pretendía incumplir esta ley para afectar el desempeño electoral de la oposición en su propio provecho; y vulnerando todo el ordenamiento estatal, utiliza al presidente del partido oficialista, que no es funcionario público, para anunciar que hará el desembolso de los recursos financieros a los partidos políticos. Está por verse si en esta ocasión, al igual que en febrero, los mismos serán entregados a los partidos 72 horas antes de los comicios, en un hecho sin precedentes en la historia democrática dominicana.

Desde el año 2008 hasta el presente, el 0.5% con fines electorales, siempre fue entregado tres meses antes. Es la primera vez que es objeto de negativa o discusión.

En adición al uso y abuso de los recursos públicos, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico. En efecto, la semana pasada un tribunal de los Estados Unidos de América, acaba de condenar a un diputado electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, por el delito del tráfico ilícito de drogas hacia los Estados Unidos. Dicho ciudadano, que admitió su culpa, en informaciones servidas por él mismo en redes sociales, hizo saber que en las elecciones del 2020, que resultó electo, él financió la campaña electoral del partido de gobierno en la provincia de Santiago de los Caballeros y en todo el Cibao. En este caso no se trata de una simple denuncia, sino de la admisión y la emisión de una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos de América. En cualquier país medianamente democrático este hecho tendría consecuencias.

Como si esto fuera poco, hay más candidatos, incluso de funcionarios estatales, que actualmente están siendo investigados por esta misma razón. Esto coloca a la oposición en una muy difícil situación, ya que debe enfrentar no solo el uso de los recursos públicos, sino también el impacto que tiene la presencia en el oficialismo de una cantidad tan exagerada de personas condenadas, acusadas o imputadas por el propio Ministerio Público designado en esta gestión, de ser parte del mundo del narcotráfico, con todas las implicaciones que ello genera para el sistema político y para la democracia dominicana.

Precisamente, este panorama es que ha movido a los partidos de oposición en su conjunto, a requerir de la Junta Central Electoral un papel más activo en garantizar los principios de igualdad y equidad, hasta ahora ausentes en todo el proceso electoral, los cuales están consignados en la Constitución de la República, y todo la jurisprudencia electoral interamericana; a tal efecto, depositamos en esta institución un Pliego de Garantías Electorales, con el fin de dotar al proceso de la diafanidad y la transparencia imprescindibles para que la voluntad del elector sea respetada y que el resultado electoral sea su reflejo fiel.

El Pliego de Garantías Electorales que solicitamos a la JCE, en su calidad de rector del proceso, ha sido adjuntado a la presente comunicación con la aspiración de que la OEA sirva como garante de su cumplimiento fidedigno de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, y de que en el proceso de mayo, desde el inicio hasta la emisión del resultado final, el mismo se realice en el marco de integridad que requiere una elección en un país que voluntariamente ha accedido a participar en el sistema democrático interamericano.

Nuestras organizaciones políticas, en ejercicio de sus convicciones democráticas y la fe en las instituciones, han acudido a cada una de las instancias y recursos que ponen la Constitución y las leyes a nuestra disposición para hacer valer cada uno de los derechos vulnerados antes, durante y después de este proceso electoral. Agotados estos recursos solicitamos a la Organización de Estados Americanos una urgente y pronta presencia en nuestro país para que, en el marco de su Carta Democrática, se constituya en un garante eficaz de la corrección de estos entuertos que lesionan nuestra institucionalidad.

Apreciaremos que adicionalmente la OEA juegue un rol más activo en la observación electoral, y logre conformar una gran misión de observación electoral, para evitar que el robo de las elecciones mediante el uso de los recursos del Estado y el dinero en el mes de febrero, no se vuelta a repetir en el mes de mayo, en las Presidenciales y Congresuales. Junto a la presente comunicación anexamos los documentos que sustentan estas peticiones.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición de contribuir a que la contienda electoral en marcha concluya en paz, avalada por una competencia equilibrada, reglas claras, una voluntad popular expresada en las urnas de forma libérrima sin el uso de ningún recurso que la limite, obstaculice o adultere, por el bien de la democracia dominicana y de su estabilidad económica, pol