Operación Nido
Empresario Emmanuel Rivera Ledesma, vinculado en estafa inmobiliaria, busca hoy obtener su libertad
El Ministerio Público alega que, a raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra
Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq.
El ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de estafar con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas, busca hoy obtener su libertad.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso de apelación por el imputado, recluido en la cárcel de Najayo, con el cual busca la variación de la medida de coerción dictada en su contra.
La audiencia fue fijada por el tribunal de alzada para las 12:00 del mediodía.
En el caso figuran además como imputados el hijo de Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, la hermana Mirna Catalina Rivera Ledesma, María Gabriela Rivera Pichardo (hija de Rivera Ledesma) y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, esposa, así como el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López y Reilin Arismendy Rosario García.
Al grupo se le acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Conforme al Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear el esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas.
El Ministerio Público alega que, a raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retirarán las querellas ya presentadas.
Señala que también buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.