De los 39 artículos que contiene la controversial Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al menos 11 han sido los más cuestionados.

Diversos sectores han rechazado esas disposiciones legales tanto en medios de comunicación, redes sociales, como mediante impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, que ha sido apoderado de varias acciones directas de inconstitucionalidad.

Entre los artículos más criticados están el 8,9,10,11,12,13, 21,22,26,27 y 29. Se ha invocado que violan disposiciones de la Constitución, y que por lo tanto deben ser modificados por el Congreso Nacional o anulados por el Tribunal Constitucional. Diversos sectores consideran que esos textos legales violan disposiciones de la Carta Magna, principalmente las que protegen el derecho a la intimidad y el honor personal, el debido proceso, así como la libertad de expresión e información. Otros, que interfieren en las competencias de algunos órganos del Estado, entre ellos el Ministerio Público.