Sociedad de Diarios nota ambigüedades en Ley DNI

Cita los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

La SDD resolvió iniciar las consultas jurídicas de rigor para fijar una posición final sobre esa legislación.

La SDD resolvió iniciar las consultas jurídicas de rigor para fijar una posición final sobre esa legislación.ARCHIVO/LD

La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó ayer su preocupación respecto a las ambigüedades que se perciben en algunos artículos de la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En concreto, la SDD citó los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

Al culminar su asamblea general ordinaria anual en la que escogió la nueva directiva para el periodo 2024-2025, la SDD resolvió iniciar las consultas jurídicas de rigor para fijar una posición final sobre esa legislación.

El artículo 11, por ejemplo, obliga a “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal” a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.

Aspectos controversiales

La ley aprobada que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) cuenta con varios aspectos que han llamado la atención de varias entidades y personalidades.

Una de ellas aparece en el artículo nueve, la cual detalla las atribuciones de la nueva DNI; el numeral uno indica que ese organismo puede investigar “cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”.

Mientras que en el artículo 11, que trata sobre la entrega de información, dice que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, “estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento, relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional”.

El párrafo II señala que las entidades públicas y privadas, conforme al presente artículo, deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones; aunque estas se harán según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.

Otro artículo manifiesta que la DNI está facultada a suministrar armas a su personal en función de las necesidades del servicio que presten, proveyéndoles de un permiso especial de porte y uso expedido por la propia institución.

Eligen directiva

Luego de examinar la agenda de actividades de cara a la celebración en República Dominicana de la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el 2025, la SDD procedió a elegir su nuevo Consejo de Directores.

Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, continuará como presidente; Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre, será el vicepresidente, y Miguel Franjul, director del Listín Diario, continuará como secretario general.

El asesor jurídico, doctor Manuel Tapia López, se encargará de la tesorería, mientras Bienvenido Álvarez Vega, José Monegro, Enmanuel Castillo, Nelson Rodríguez y Bolívar Díaz, directores, respectivamente de Hoy, El Día, La Información, El Caribe y El Nacional, ejercerán como vocales.