Desde hace más de dos siglos, los economistas han coincidido en que el comercio internacional favorece el desarrollo de las naciones. Por esas razones, en el año 1986 las naciones del mundo acordaron iniciar negociaciones dentro del GATT para reducir al máximo posible las trabas existentes al intercambio comercial. Ya para 1992 se habían resuelto la mayoría de las diferencias excepto las de productos agrícolas, las cuales siempre han sido las más difíciles pues todos los países tradicionalmente defienden la producción de alimentos básicos para garantizar la alimentación de sus poblaciones. Finalmente quedaron resueltas todas las diferencias, y se permitió que cada uno de los 123 países participantes presentaran sus listas de aquellos productos que querían seguir protegiendo de la competencia internacional, especialmente los agropecuarios, mediante la imposición de altos aranceles. El acuerdo se firmó en el 1994 y entró en vigencia el siguiente año.

El sector empresarial de nuestro país tenía poco conocimiento de lo que el Gobierno había negociado y las noticias internacionales que se recibían sobre los posibles efectos que estos acuerdos tendrían en la producción mundial de alimentos despertó una serie de preocupaciones. Por esta razón la Asociación de Hacendados y Agricultores me contrató para que investigara cuáles eran las repercusiones que tendría el recién acuerdo del GATT sobre el sector agropecuario nacional. Para esos fines en octubre del 1994 visité la sede de la OMC (antiguo GATT) en Ginebra, donde me entrevisté con prácticamente todos los altos funcionarios de la OMC. Allí pude confirmar mi sospecha de que la República Dominicana había sido prácticamente el único país que no había protegido su sector agropecuario.

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