La mitad de los encartados canta en el banquillo

Los 10 implicados en operaciones ilegales de deuda pública para distraer millones de pesos del Estado que ayer presentaron sus alegatos de defensa ante la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aceptaron su culpabilidad ante las acciones que les imputa el ministerio público. Otros diez acusados tendrán oportunidad de declarar el próximo domingo en la continuación de la audiencia, recesada ayer por la magistrada. Angel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero, han aceptado los señalamientos de las autoridades y se han puesto a disposición del ministerio público para colaborar con la investigación que se sigue por este caso. Con la aceptación de la culpa, la solicitud de prisión preventiva puede ser variada a una medida menos grave, como prisión domiciliaria, colocación de grillete electrónico y una garantía económica. El abogado Ángel Lockward y a Agustín Mejía Ávila, se les acusa de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción. Lockward también figura en la lista de nombres de las personas que supuestamente, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y con este hecho incurrir en lavado de activos y financierito ilícito de campañas, entre otros delitos. Este hombre se habría asociado con los investigados Ramón David Hernández y Yajaira Encarnación Brito realizando maniobras fraudulentas para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre. También lo acusan de darle a la supuesta estructura criminal RD$296,637,125.29 a través de cesiones de crédito firmadas en la oficina del investigado Ángel Lockward. El Ministerio Público dice que este hombre recibió pagos indebidos, como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley. Explicaron que se enriqueció de “manera injustificada” utilizando como amparo maniobras y operaciones delictuales que fueron autorizadas en conjunto por el exministro de Hacienda, el excontralor general, y las máximas autoridades del Consejo Estatal del azúcar (CEA) y de la Dirección General de Bienes Nacionales. Según los fiscales, Marcial Reyes se asoció con la supuesta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano, reclamando el pago de una porción terreno del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de Donald Guerrero. Estos hermanos son acusados de asociación de malhechores, aparentar ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas, usando esa documentación falsa, reclamaron y recibieron pagos, estafando al Estado dominicano. Con el dinero recibido adquirieron bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos. El Ministerio Público aseveró que este imputado y Julián Omar Fernández Figueroa, exdirectores de Casino participaron de forma activa en “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda. El empresario Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, de acuerdo con el Ministerio Público, fue quien financió con RD$21,000,000 el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donald Guerrero. Recibió una cantidad considerable de recursos producto de esta operación. El exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), es acusado de participar en coalición con los funcionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García y Omar Caamaño Santana, entre otros. La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó para mañana a las 9:00 de la mañana la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los imputados en la Operación Calamar, luego de que el ministerio público concluyera la lectura del expediente y que 10 de los implicados declararan ante el tribunal y admitieran los hechos cometidos y aceptaran colaborar con las autoridades. A la salida de la sala de audiencias, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que a esos 10 implicados se les variará la solicitud de medida de coerción, la cual originalmente era de 18 meses de prisión preventiva por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y devolver el dinero que obtuvieron de manera ilícita. “Debemos confesar que lo que ha ocurrido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso… estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del ministerio público son irrefutables y por esas razones llegaron a un acuerdo”, indicó Camacho a los reporteros. Mañana tendrán su turno para declarar ante el tribunal, Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor de la República; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña Peña, quien se desempeñó como director de Catastro Nacional; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor del exministro de Hacienda y Princesa Alexandra García Medina, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda. También comparecerán ante la jueza Romero, Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación y Marcial Humberto Mejía Guerrero. Al igual que los exministros y tres principales implicados, Gonzalo Castillo, excandidato presidencial y titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Donald Guerrero extitular del Ministerio de Hacienda y José Ramón Peralta, antiguo ministro Administrativo de la Presidencia durante la presidencia de Danilo Medina. Los imputados en el caso de supuesta corrupción administrativa están apresados desde la noche del sábado 18 de marzo y la madrugada del domingo 19, cuando comenzaron los allanamientos y arrestos en tres demarcaciones del país.

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