¿De qué acusan a los imputados en la operación Calamar?

Durante el pasado fin de semana el Ministerio Público reveló la denominada operación Calamar, que resultó en el apresamiento de varios exfuncionarios de las gestiones del expresidente Danilo Medina, tras la ejecución de 40 allanamientos en varias ciudades.

Al grupo, en general, se les señala de haber incurrido en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles.

Sin embargo, ¿quiénes son los implicados en la operación Calamar y de qué se les acusa individualmente?

Daniel Omar Caamaño Santana

El Ministerio Público acusa a Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor general de la República entre 2016 y 2020, de autorizar pagos basados en cesiones de créditos, en disonancia con las funciones del cargo que sostenía, y de actuar en complicidad con el exministro de hacienda Donald Guerrero, el fenecido César Rivas y Luis Miguel Piccirillo, otro implicado en el caso.

La solicitud de allanamiento también indicó que Caamaño Santana recibió sobornos por más de RD$366 millones entre diciembre 2019 y julio 2020.

“Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para obtener beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones ilícitas que autorizó desde la Contraloría”, leía parte del documento de petición de allanamientos del Ministerio Público.

Luis Miguel Piccirillo Mccabe

Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), es señalado de haber coalicionado con los demás investigados para realizar de manera fraudulenta la compra de terrenos utilizando su poder en la entidad que presidía.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que para realizar las compras de terrenos, realizaron diversas maniobras fraudulentas, que “conllevó a alterar la naturaleza del CEA”.

También lo acusan de recibir sobornos de RD$ 58,949,290 de la supuesta estructura de corrupción para la realización de los mencionados actos que significaría, de ser encontrado culpable, la estafa y desfalco del patrimonio público.

Claudio Silver Peña Peña

Se desempeñó como director de Catastro Nacional realizando, según los fiscales, actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, en asociación de malhechores y coalición de funcionarios, además de prevaricación, estafa, desfalco y de haber recibido soborno de aproximadamente de RD$ 60,280,000.

Igualmente lo acusan de formar “parte importante” de la presunta estructura de corrupción, para la realización de avalúos que violaban el procedimiento en beneficio del entramado.

Además, en el referido documento fue especificado que, posteriormente, adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles.

Aldo Antonio Gerbasi Fernández

Gerbasi Fernández fue asesor legal del entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero y director interino de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública en el periodo 2016-2020.

Es acusado de solicitar y recibir un soborno de RD$40,000,000 para poder pagar terrenos expropiados.

Princesa Alexandra García Medina

Princesa Alexandra García, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, es señalada de haberse asociado con los demás investigados para desfalcar y estafar al Estado aprobando los expedientes de expropiaciones “sin los méritos necesarios para ser pagados, aun cuando analistas técnicos de su dirección hicieron la advertencia de las irregularidades que habían de esos expedientes”.

Oscar Arturo Chalas

El Ministerio Público aseveró que Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, exdirectores de Casino y Juego de Azar, participaron de forma activa en “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda.

Andrés Guerrero

Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas, acusado de violentar “todas las reglamentaciones y su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de Dispensador de efectivo” de la supuesta estructura.

Además, de acuerdo con los fiscales, Guerrero dispuso que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera entregado en efectivo en las oficinas de Mimilo Jiménez, utilizando para el transporte de miles de millones de pesos los camiones blindados del Banco.

Ángel Lockward Mella

Ángel Lockward y Agustín Ávila se les acusa de intimidar miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría de la República y atacar el Informe Especial de Investigación sobre pagos y libramientos elaborados, por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado, y conseguir el pago ilegal de las sumas pendiente de entrega a la presunta estructura de corrupción.

Lockward también figura en la lista de nombres de las personas que supuestamente, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado y beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los periodos 2019-2020, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y con este hecho incurrir en lavado de activos y financierito ilícito de campañas, entre otros delitos.

De manera similar, en el documento se afirmó que Lockward y Mejía Ávila se presentaron ante Roberto Santiago Moquete, otro imputado, ofertándole gestionar un pago irregular a través de la estructura criminal.

Los fiscales por igual indicaron que en la oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se realizaron cesiones de créditos ficticias para realizar los pagos a la supuesta estructura criminal del exministro de Hacienda Donald Guerrero, utilizando la empresa Axionova Group, S.R.L. y al señor Pedro Ma. De la Altagracia Veras, a través de los cuales recibieron la suma de RD$296,637,125 y, a nombre de Mejía Ávila, RD$9,394,526.

El investigado está relacionado también el caso de expropiación de la sociedad inmobiliaria Algodonal S.R.L, en la que recibió una cesión de crédito de más 55 millones de pesos, en calidad de testaferro del investigado Ángel Lockward.

Alejandro Antonio Constanzo Sosa

Los fiscales aseguraron que Alejandro Constanzo Sosa recibió pagos indebidos, como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley.

Añadieron que este se enriqueció de “manera injustificada” utilizando como amparo maniobras y operaciones delictuales que fueron autorizadas en conjunto por el exministro de Hacienda, el excontralor general, y las máximas autoridades del Consejo Estatal del azúcar (CEA) y de la Dirección General de Bienes Nacionales.

Roberto Santiago Moquete Ortiz

Moquete Ortiz, de acuerdo con el Ministerio Público, se asoció con los investigados Ramón David Hernández y Yajaira Encarnación Brito realizando maniobras fraudulentas para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre.

También lo acusan de darle a la supuesta estructura criminal RD$296,637,125.29 a través de cesiones de crédito firmadas en la oficina del investigado Ángel Lockward.

Ramón David Hernández

Hernández es acusado de asociarse con Moquete Ortiz y Encarnación Brito para realizar maniobras ilegales.

Yajaira Brito Encarnación

La empresaria Yajaira Brito Encarnación es acusada de asociarse con otros imputados para constituir una compañía con la que usurparon la propiedad de tres parcelas ubicadas en la franja malecón pertenecientes a dos razones sociales, estafando al Estado con más de 500 millones de pesos, de los que fueron cedido más de 408 millones a la presunta estructura criminal utilizada por Donald Guerrero.

Este grupo además incurrió en lavado de activos al convertir, transferir y procurar ocultar el dinero obtenido de forma fraudulenta mediante operaciones de compra de vehículos como Rubicon, Tahoe, y una casa en Alameda, fincas en Santo Domingo Norte, entre otros bienes inmuebles.

Marcial Reyes

Marcial Reyes se asoció con la supuesta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano, reclamando el pago de una porción terrenos del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de Donald Guerrero, según los fiscales.

Marcial Humberto Mejía Guerrero

El documento del Ministerio Público indicó que, Marcial Humberto Mejía Guerrero, designó un equipo de peritos que se encargaron de manejar a través de maniobras fraudulentas la licitación, a los fines de adjudicar el proyecto a la empresa Matero Comunicaciones SRL, representada por German Fernando Mateo Comunicaciones.

Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández De Paola

Los fiscales acusan a Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola de, en asociación de malhechores, aparentar ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas, usando esa documentación falsa, reclamaron y recibieron pagos, estafando al Estado dominicano.

Con el dinero recibido adquirieron bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos.

Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó

El empresario Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, de acuerdo con el Ministerio Público, fue quien financió con RD$21,000,000 el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con la alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donald Guerrero.

Recibió una cantidad considerable de recursos producto de esta operación.

Agustín Mejía Ávila

Agustín Mejía Ávila es acusado de actuar en maniobras ilegales junto a Ángel Lockward, con los fiscales asegurando que es testaferro de este último.

Víctor Matías Encarnación Montero

Víctor Encarnación Montero, exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), es acusado de participar en coalición con los funcionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García y Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, con el fin de estafar al Estado dominicano.

Esto último, a través los pagos realizados a Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, asumido por el Ministerio de Hacienda, donde este investigado alteró el procedimiento de la OISOE, falseó datos sobre volumetría con el fin de preparar cubicaciones falsas, que justificaran trabajos adicionales no realizados y pagados mediante libramientos.

Donald Guerrero y José Ramón Peralta

Según el órgano persecutor ambos, en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron”.

Se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del excandidato a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo.

Afirmaron que para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron con la complicidad de Emilio César Rivas (fallecido), en ese entonces el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales.

Gonzalo Castillo

En el documento de petición de allanamientos que hizo el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, se establece que Gonzalo Castillo, recibió $3,957,000,000,00 de manos del imputado Manuel Emilio Jiménez (Mimilo), para financiar su campaña política a la presidencia del país.

Estos recursos, indica el documento, eran recibidos por Gonzalo en bolsas y maletas de viajes.

El Ministerio Público afirmó que tiene evidencia de que Castillo recibió esta cantidad en efectivo, en la mayoría de los casos de manera personal, de manos de Mimilo Jiménez.