El Estado dominicano debe tener una casa y un avión presidencial

Primera Parte

El pasado 23 de enero, ocurrió un incidente con carácter de seguridad nacional cuando el presidente Luis Abinader viajaba a bordo de una “aeronave alquilada” por el gobierno a la República de Argentina para participar en la VII Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), tuvieron que retornar diecisiete minutos de haber despegado de la Base Aérea de San Isidro, debido a que el avión Gulfstream IV, matrícula N77FK, presentó una falla técnica en su sistema eléctrico. Decisión que considero acertada por parte de su tripulación, teniendo en cuenta que llevaba a bordo a nuestro presidente.

Ante lo acontecido, y de otras relativo a la seguridad, protección y privacidad presidencial, me motivé a escribir sobre este tema, aunque guardando ciertas reservas de discrecionalidad por haber desempeñado funciones en el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y como Comandante General FARD, de manera que, para una mejor comprensión dividimos el tema en dos partes por razones de contenido y del espacio que este prestigioso periódico nos honra al publicar nuestros artículos.

Concentraré mis argumentaciones sobre la ineludible necesidad de que el Estado dominicano adquiera una “casa presidencial” que sirva de residencia oficial para albergar al presidente de turno y su familia, quienes serían sus inquilinos por el período de tiempo que establece la Constitución.

Para nadie es un secreto que en la mayoría de los países del mundo disponen de una residencia oficial que sirve de alojamiento durante el ejercicio de sus funciones al Jefe del Estado, Primer Ministro o Gobernador. Solo a modo de ilustración citaré algunas que les resultarán familiares: En Venezuela “La Casona y la Viñeta”; Argentina “Quinta Los Olivos”; Colombia “Casa Nariño”; Perú “Casa Pizarro”; Honduras “Palacio José Cecilio del Valle”; Puerto Rico “La Fortaleza”; Brasil “Palacio de la Alvorada”; España “La Moncloa”, entre otras no menos conocidas y emblemáticas.

Aunque la República Dominicana ha alcanzado un desarrollo económico, social y político, podríamos afirmar que este progreso también abarca a sus fuerzas militares, que desde hace medio siglo muestran una vocación democrática, con roles definidos acorde a nuestras amenazas y necesidades, de manera que, al realizar una retrospectiva del tema, podemos señalar que nos hemos retrasado en planificar este aspecto de la seguridad presidencial.

En tal sentido, durante la ocupación militar norteamericana (1916-1924), en la antigua casa Pulliam, funcionaron las oficinas administrativas de aduana del país interventor, que tras su salida fue convertida en “Mansión Presidencial”, fungiendo como sede administrativa y morada del presidente Felipe Horacio Vásquez Lajara (1924-1930), y del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina a partir del 1930 al 1944, año en que se demolió para construir el actual Palacio Nacional, inaugurado el 16 de agosto de 1947.

Durante la construcción del Palacio Nacional, la estancia “San Jerónimo o Michelena” –donde está Cancillería– existía una hermosa casa de un nivel (1912), edificada a solicitud y gusto arquitectónico del acaudalado hombre de negocios puertorriqueño, Santiago Michelena Bellvé, quien la habitó hasta 1934, y abandonó inexplicablemente, pasando a ser propiedad del Estado, en otras palabras, de Trujillo.

En 1938, la antigua estancia fue remodelada llevando el nombre de estancia “Ram?s”, en honor a su primogénito, que por los próximos catorce años funcionó como oficinas y “Mansión Presidencial” de Trujillo. Desde 1952, el ministerio de Relaciones Exteriores ocupa este inmueble.

En 1974, el gobierno adquiere unos 4,500 metros2 en la zona de Juan Dolio, a orillas del mar Caribe, donde actualmente está una “casa de veraneo” presidencial. Aunque durante los gobiernos del presidente Balaguer existieron varios inmuebles que sirvieron como “casa de veraneo”, entre ellas: Guaigüí-La Vega, Juan de Herrera-San Juan de la Maguana y Santiago, que fueron cedidas a la Iglesia católica y entidades sin fines de lucro, y otra convertida en el Acuario Nacional.

Después de la muerte de Trujillo, ningún presidente ha fijado como morada oficial el Palacio Nacional, sino que continuaron residiendo en sus casas o apartamentos particulares donde residían con sus familias. No quiero imaginar los inconvenientes y molestias causadas ante las rigurosidades que implica la seguridad, protección y privacidad de un presidente.

Sin dudas que trastorna el diario convivir de los vecinos y condómines, como, por ejemplo: Uso del ascensor, si tiene dos, seguro que uno será reservado al uso del Presidente ¿Y en el caso de tener uno? o si un vecino tiene una actividad –fiesta, cena o almuerzo– que mínimamente supongo suministrará un listado de sus invitados ¿Serán depurados? No quiero hacer conjetura, en el caso hipotético de que un personaje de dudosa reputación –narcotraficante– podría adquirir un inmueble para vivir al lado del mandatario, son aspectos para considerar desde el punto de vista de la seguridad presidencial.

Cuando Luis Abinader era aspirante a la presidencia, residía junto a su familia en un apartamento de la torre Lloret de Mar, ubicado en la calle Federico Gerardino del ensanche Paraíso. El 20 de julio del 2020, mediante a un Tweet se dio a conocer que la familia Abinader-Arbaje se mudaba a una casa en el sector La Julia. Decisión que consideramos apropiada, aunque desconocemos si por recomendación de los organismos pertinentes a su seguridad o porque la pareja presidencial no quería trastornar la cotidianidad de sus antiguos vecinos.

Muy atinada fue la decisión del gobierno, de adquirir la casa donde vivió monseñor Núñez Collado, en la ciudad de Santiago, para ser convertida en “casa presidencial”, que fungirá como residencia y despacho oficial del presidente, aumentando así la eficiencia y concentración del dispositivo de seguridad empleado en torno al mandatario, con lo que se reduce costos del soporte logístico del personal utilizado, evitando molestias de los huéspedes del hotel donde se hospedan.

Sin embargo, Santo Domingo, que es la capital administrativa del Estado, aún no tiene una “casa presidencial”, quizás se ha dilatado la toma de decisión por el qué dirán o porque la oposición lo usará como tema politiquero, a pesar de existir en la ciudad varios inmuebles que pudiesen ser adquiridos por el gobierno a fin de subsanar la problemática latente.

En tal sentido, a manera de sugerencia me permito destacar los siguientes inmuebles: la antigua casa de la Embajada de Italia (22 mil metros2 ); la residencia del Embajador Norteamericano (33 mil metros2), quienes han vendido parte del inmueble al BID. Otra opción, que sería la más idónea, si consideramos todos los aspectos relativos a la seguridad, protección y privacidad presidencial, es adquirir de los inmuebles ubicados al Este del Palacio Nacional –calle 30 de Marzo– y reubicar al DNI, para construir la “casa presidencial”. Con la adquisición de estos inmuebles, la sede presidencial ocuparía toda una cuadra –unos 88 mil metros2– limitada por cuatro vías: Avenida México (Norte), calle Dr. Delgado (Oeste), calle Moisés García (Sur) y la avenida 30 de Marzo (Este).

Sin dudas, entiendo que es tiempo de que el Estado dominicano ostente una “Casa Presidencial” destinada para los mandatarios y sus familias, por razones de seguridad, protección y privacidad, y creo, que no debe escatimarse esfuerzos, ya que no representa un gasto, mucho menos un lujo, claramente se trata de un asunto de seguridad nacional para salvaguardar la integridad física del presidente de la República Dominicana.

El autor es miembro fundador del Círculo Delta fuerzadelta3@gmail.com