Fallos por RD$400 MM a víctimas delitos penales
Dato. El servicio legal gratuito ha sido proporcionado a familias y víctimas de homicidio, robo agravado, asesinatos y violencia de género y sexual.
Los fallos de indemnización a víctimas de delitos penales abarcan últimos tres años.
Víctimas de delitos penales y sus parientes han obtenido sentencias indemnizatorias por un monto de RD$391,684,000 durante los últimos tres años, a través del programa Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), que funciona desde hace 16 años.
Esa dependencia del Ministerio Público fue apoderada de 932 casos en ese período y ha conseguido 408 sentencias favorables.
El servicio legal gratuito ha sido proporcionado principalmente a familias y víctimas de homicidio, robo agravado, golpes y heridas, violencia de género, violencia sexual y asesinato, según precisó a Listín Diario la procuradora de corte, Alba Esther Corona, quien dirige Relevic.
Más casos cada año
El servicio, que se brinda a personas de escasos recursos, fue creado mediante resolución dictada en febrero de 2007, pero a partir del 2010 es un mandato de la Constitución,
El artículo 177 de la Carta Magna dispone que “El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal”.
Corona puntualizó que se manejan en base a dos parámetros, víctimas de delitos penales y que sean de escasos recursos.
Informó que en Relevic trabajan 33 abogados litigantes, distribuidos en 5 jurisdicciones: Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.
Propuesta de expansión
Corona informó que trabajan en la elaboración de una propuesta de ampliación, para llevar el programa a otras demarcaciones.
Empero, reconoció que para expandirse requieren contar con recursos económicos, pues depende de los fondos asignados por la Procuraduría, que tampoco recibe un presupuesto elevado.
Consideró también que se requiere de una ley integral de víctimas, que contemple un presupuesto para esa asistencia.
Abogó por la aprobación de una legislación, que además de recursos económicos, incluya asistencia psicológica.
“Hay que trabajar en la aprobación de una ley que establezca un procedimiento, afianzar más la formación y actualizar la resolución que nos creó”, enfatizó Corona.
La asistencia legal a las víctimas no está regulada por ley, ni tiene autonomía presupuestaria, como ocurre con la Defensa Pública que representa a los imputados.