La impunidad de los acosadores sexuales en universidades

Desde hace años, cuando impartía docencia en varias universidades del país, escuchaba a los estudiantes conversar acerca del cuidado que debían tener, desde esa época, al reportar un profesor que acosaba a las estudiantes y que las reprobaba si no accedían a sus pretensiones. En la primera plana del prestigioso periódico vespertino El Nacional de este viernes 14 de octubre, se publicó un titular que concitó de inmediato mi atención: “Jueza emérita SCJ alerta acoso sexual en universidades”; esto porque que desde hace varios años, ha bullido en mi mente y mi corazón el abordar este tema, por el hecho de que, esta es una alerta real y que se ha acrecentado con el pasar de los años, que continúa ocurriendo y que en muchos casos no se actúa con la severidad que esto amerita, aun habiéndose presentado evidencias, por parte de las estudiantes. Esto no solo ocurre en nuestro país, entre los años 2018 y 2022 se registraron en países de América Latina 44,104 artículos registrados en cinco bases de datos reconocidas: Proquest, Scielo, Dialnet, Google Académico y Ebsco, todos ellos referidos al acoso sexual en universidades. La magistrada, Esther E. Agelán Casasnovas una ilustre jurisconsulta, que con la valentía que siempre le ha caracterizado y a su vez el prestigio que la engalana dijo en una Conferencia en la Universidad UFHEC organizada por el Tribunal Constitucional, que las estudiantes sufren intimidación, vergüenza, miedo, depresión y ansiedad, sin que existan protocolos para atender y proteger a las víctimas y añadió que el miedo a ser estigmatizadas impide que las víctimas denuncien cuando son acosadas. Definió el acoso como “La persecución continuada e intrusiva a una persona, con quien se pretende establecer un contacto personal en contra de su voluntad”. Cuando una estudiante, desesperada, comete la osadía de reportar a un profesor en su facultad, éste, con la información que le dieron acerca de la acusación, molesto, anuncia en la próxima clase lo que le ocurrirá a la persona que lo reportó; y aún más grave es el hecho de que la acosada, no vuelve a obtener una calificación de aprobación no solo de esa materia sino de otras materias, porque muchos otros docentes lascivos, que se protegen y son del mismo clan, se encargan de hacerle la vida imposible hasta que la joven es expulsada de la universidad por reprobar varias asignaturas, sin que la facultad a la que pertenecen estos profesores, tome ningún tipo de acción en favor de la agredida. Existe una impunidad rampante en este tema del acoso sexual en las universidades. El Artículo 333-2 del Código Penal de la República Dominicana, contiene los elementos que abordan el tema, y las sanciones son muy leves y no ejemplarizadoras. En este artículo del Código se define lo que es el acoso sexual y al final lo enmarca dentro “del abuso de la autoridad que le confieren sus funciones”, produciéndose en un contexto de relación sumisión poder; en este caso del profesor por encima del estudiante. Es realmente en este momento como el caso del huevo y la piedra, siendo obviamente la piedra el profesor. Mientras no existan los protocolos, mecanismos y la voluntad de aplicar un verdadero castigo para este tipo de actos, cuando son denunciados, esos hostigadores sexuales continuarán haciendo gala de sus retóricas, hasta en las clases, en presencia de los mismos estudiantes y no cesarán de cometer sus actos de abuso, ni tendrán temor de las autoridades ya que éstas no toman acción alguna ante este delito. Es sencillo, solo basta con hacer una encuesta confidencial entre los estudiantes en las diferentes universidades con respecto al acoso sexual y se sorprenderán de los resultados que arrojen las mismas. Muchas son las jóvenes que han luchado por preservar su dignidad, integridad física y moral y que a su vez les ha sido imposible graduarse en la universidad en donde deambulan los acosadores. Es mi deseo de que, en lo adelante, se establezcan mecanismos efectivos tanto para denunciar como para sancionar con todo el peso de la ley a los acosadores, para que no queden impunes las acciones de esos depredadores mal llamados profesores universitarios, que abusan de su posición para presionar y cometer este tipo de prácticas bochornosas, que perturban moral, física y sicológicamente a la persona afectada. Ojalá sea incluida una pena mayor y se le dé el carácter que requiere este delito en el nuevo Código Procesal Penal que se debate en el Congreso de la República Dominicana, para que este tipo de acciones reciban el castigo que merecen.

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