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Retiran grillete electrónico a Micky López y a dos hijos, acusados de narcotráfico y lavado de activos

Fiscalía de La Vega apelará la medida que favorece a Micky López y a sus dos hijos

Foto de archivo de la familia López Pilarte. Fuente: Listín Diario.

Foto de archivo de la familia López Pilarte. Fuente: Listín Diario.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito judicial de la provincia de La Vega, varió la medida de coerción a Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y a dos de sus hijos, acusados de narcotráfico y lavado de activos.

Luego de haber transcurrido dos años de habérsele impuesto la medida de coerción, concerniente al uso de grilletes electrónicos, los abogados de Micky López solicitaron la revisión, tanto a él como a sus dos hijos, donde la jueza Cindy Lizardo otorgó el retiro de los dispositivos.

Los hijos de Micky López, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, están dentro del proceso de acusación de narcotráfico y lavado de activo, con la audiencia preliminar siendo programada para el próximo 4 de noviembre.

El abogado de los acusados, Esteban Pérez, dijo que en lo que respecta al tema de los grilletes electrónicos, la solicitud de la variación se debió a un tema económico, en vista de que sus clientes tienen todas sus cuentas bloqueadas.

Pérez explicó que el costo de mantención de los dispositivos de vigilancia sobrepasan los 28 mil pesos mensuales cada uno y el costo total asciende, hasta la fecha, a 1 millón 944 pesos, cantidad que se le dificulta pagar.

Mientras que la fiscal de La Vega Aura, Luz García, dijo que en su momento recurrirá a apelar la decisión del cambio de la medida, por entender que no es pertinente, añadiendo que respeta la decisión del tribunal.

Ahora Micky López, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López están libres de los dispositivos que controlaban sus pasos, a la espera del juicio preliminar.

Según el Ministerio Público, Micky López y su familia ha realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.

Además, los fiscales aseguran que la procedencia de ese dinero es ilícita, y que tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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