En 2013 se logró el cometido de una lucha de varios años. Con marchas, debates, apoyo de los medios de comunicación y manifestaciones de distintos sectores de la sociedad dominicana, se obtuvo el 4 % para la educación y más adelante la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

Con este acuerdo no se buscaba más que una educación pública de calidad lograda con la aplicación de los porcentajes establecidos en el apartado financiamiento de la Ley General de Educación, poco tomado en cuenta desde 1997, cuando fue emitida.

El tema ha regresado a la palestra nueve años después de aquel hito que correspondía por ley a la población preuniversitaria dominicana. El anuncio de la reducción del presupuesto tan exigido ha reavivado la preocupación de que se retorne a bajas inversiones con menores resultados de los que se obtienen actualmente.