Procuradora no está dispuesta a tapar al fiscal que cometa faltas
Magistrada procuradora general, Miriam Germán Brito.
La procuradora Miriam Germán Brito manifestó ayer su disposición de apoyar “con responsabilidad| que la Inspectoría General del Ministerio Público investigue a cualquier miembro de ese ente sospechoso de haber cometido faltas graves durante el desempeño de sus funciones.
La magistrada dijo cuando asumió sus funciones tenía muy claro que el Ministerio Público requería fortalecer el sistema de consecuencias en el marco de la ley y el reglamento disciplinario vigente.
Manifestó que esto tiene el fin de garantizar que se desempeñen las funciones con apego a los principios éticos y jurídicos que determinan el correcto proceder en el ejercicio de la procuración de justicia penal.
Sin embargo, instruyó, por escrito, a la Inspectoría y a la Dirección de Comunicaciones, para que “se descontinúe la divulgación anticipada de las actuaciones disciplinarias, garantizando así la reserva del procedimiento”.
Germán Brito se refirió así a una preocupación planteada por miembros de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom) al Consejo Superior del Ministerio Público, en relación con una información sobre el inicio de investigaciones disciplinarias.
Consideró que el control disciplinario no es una tarea sencilla porque implica investigar y enjuiciar a compañeros de labor, gente que se supone ha de hacer causa común con los objetivos de la función, pero es una tarea necesaria que toda organización debe emprender para garantizar un régimen de consecuencias que evite cualquier desviación institucional.
Dijo preocuparle cómo integrantes del MP, sujetos a un procedimiento disciplinario, han sido expuestos públicamente desde los primeros momentos, cuando apenas se inicia el proceso, y lo más preocupante es que se hace a través de comunicados de prensa publicados en la página institucional.
“No podemos obviar que las garantías del debido proceso permean todas las materias, incluso la disciplinaria y, por lo tanto, las personas sometidas a un procedimiento disciplinario gozan de una presunción de inocencia que debe ser derrotada con la decisión de condena y merecen ser tratados con la dignidad que les corresponde”, indicó.