Obispo Castro Marte sugiere que el Canódromo sea desmantelado
Los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo y la prensa fueron agredidos por miembros de la Digesett, cuando pretendían realizar una inspección ante las denuncias de la forma en que está siendo administrado el Canódromo
Obispo Castro Marte. Foto de archivo.
El obispo de la diócesis de La Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, sugirió que el Centro de Retención de Vehículos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) de la Policía Nacional, instalado en el antiguo Canódromo El Coco, sea desmantelado tras el incidente ocurrido alrededor del mediodía del lunes, en donde agentes de la entidad agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y reporteros del LISTÍN DIARIO y CDN.
“Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la DIGESTT, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad”, manifestó Castro Marte a través de su cuenta de Twitter.
Los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo y la prensa fueron agredidos por miembros de la Digesett, cuando pretendían realizar una inspección ante las denuncias de la forma en que está siendo administrado el Canódromo. En el hecho, los agentes del Canódromo secuestraron la cámara fotográfica y un celular de este diario, además de destruir el equipo de CDN.
Tanto la cámara y el celular fueron retornados a la redacción al día siguiente, sin embargo el celular había sido “reseteado”, borrándoles todos los documentos que contenían, incluyendo las fotografías y videos del accidente. El presidente Luis Abinader anunció que habría consecuencias contra los actuantes del hecho.
Se recuerda que la Digesett comunicó ese mismo lunes la destitución de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien fungía como la comandante del departamento de Centros de Retención Vehícular y se designó en su lugar al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana; sin embargo, Ulloa fue enfático en señalar que esa no debe de ser “la medida definitiva”.
Sin embargo, sin multas ni sanciones adicionales, la Digesett instruyó el traslado “todos los agentes que operan en el Canódromo”, sin especificar hacía que dotación se estaría enviando a cada uno.
Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la DIGESTT, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad.