Van a renovar la ley sobre el tráfico de personas

Desde hace casi dos déca­das el país cuenta con una legislación sobre trata de personas y el tráfico ilíci­to de migrantes, un fenó­meno común gracias a la ubicación del territorio en una región calificada in­ternacionalmente como de origen, tránsito y desti­no de la trata.

Este delito, llamado tam­bién “la forma moderna de la esclavitud”, se posiciona entre los negocios ilegales más lucrativos del mundo y encuentra en países con normativas atrasadas y un tanto flojas, como Repúbli­ca Dominicana, un escena­rio ideal para su comisión.

Pero puede que pronto, con las esperanzas del go­bierno puestas en este año, esta ley sea renovada, ade­cuando la normativa a los nuevos tiempos y asumien­do recomendaciones de or­ganismos internacionales, así lo aseguró a Listín Diario el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relacio­nes Exteriores (Mirex), Jat­zel Román. La actualización de los conceptos, refuerzos en la protección de perso­nas víctimas de la trata y sanciones más severas, son algunos de los aspectos que abordará un borrador de proyecto de ley que, junto a otras instituciones del Es­tado, busca modificar la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de per­sonas. “Se trata de una ley que cumplió su cometido; en el momento no teníamos una legislación explícita pa­ra ello, pero se encuentra desactualizada”, dijo Ro­man.

El viceministro explicó que con el pasar de los años, el delito se ha ido diversifican­do y es en la práctica que han podido identificar áreas de debilidad que requieren reformas.

Cambios El país fue clasificado el año pasado en el nivel 2 en un Informe Anual sobre la Tra­ta de Personas que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Aunque no es la ca­tegoría más óptima, el país salió de la lista de vigilan­tes en ese reporte, una sec­ción destinada a las nacio­nes consideradas entre las que no están tomando me­didas sólidas para combatir la trata.

Entre las recomendacio­nes para pasar a la prime­ra categoría y mejorar las políticas públicas contra este delito se incluyó im­poner sentencias más seve­ras e implicar a los sobrevi­vientes en la elaboración y aplicación de leyes, regla­mentos y políticas contra la trata de personas.

De igual forma, se hizo én­fasis en solicitar “enmen­dar la ley del 2003 contra la trata de personas para eli­minar el requisito de pro­bar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de trata de personas con fi­nes sexuales menores de 18 años para que sea coheren­te con el derecho interna­cional”.

Cada uno de los aspec­tos notificados por Estados Unidos fueron incluidos en el proyecto, según Román.

Otro de los cambios que se agregarían es lo concer­niente a la identificación de recursos para reparaciones a las víctimas, “y esto es un compromiso que tenemos y estamos convencidos que el Congreso evaluará de ma­nera positiva para que exis­ta mayor apoyo”.

El proyecto está en las manos de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes, encabezada por el Mirex, pero en el conjunto participan varias dependencias gubernamentales relativas a la prevención y combate de esta forma del crimen organizado, pero también juega un rol importante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Estamos hablando de una actividad delictiva, entonces es la PGR que aplica todo lo concerniente a la política penal en contra de quienes lucran con esta actividad”, agregó Román en conversación con periodistas de Listín Diario.

Proceso

Durante un proceso de acompañamiento con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la droga y el delito se llevaron a cabo diversas consultas y, posteriormente, se elaboró un borrador de proyecto de ley que fue circulado entre las agencias que integran la comisión, además de la coalición de sociedad civil que participa con la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y el órgano persecutor.

Las observaciones de este último, explicó Román, tomaron 11 meses en remitirse, pues requerían una revisión profunda para conocer las experiencias de los fiscales que han trabajado con estos delitos y para definir mejores herramientas de aplicación de la ley.

Fue entonces el pasado jueves que el borrador se presentó de manera formal a la comisión para una última revisión interna, antes de remitirlo a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, quien es la que más adelante lo depositará ante el Congreso Nacional.

Esfuerzos previos

Si bien es cierto que en este último año, dominicanos se han visto envueltos en tragedias en las que decenas de víctimas de tráfico de migrantes y trata de personas, como lo fue lo sucedido con un camión en Chiapas o el hundimiento de una embarcación en Bahamas que se dirigía a Florida, la labor por el rediseño de esta ley es previa y data de 2019.

“Este proceso de reforma inicia en 2019, pero se ve interrumpido en la pandemia”, dijo el viceministro, “para nosotros no podía sencillamente quedar aislado, sino que había que promoverlo con toda la energía posible; por ello, reiniciamos los trabajos para presentar los resultados”.

Asimismo, el también abogado señaló que en el trayecto de esta labor de reforma, se presentaron situaciones dolorosas “que nos llevan a épocas que no deben referirse”, haciendo alusión a los casos más recientes de pérdidas de dominicanos víctimas de tráfico de personas.

“Ahí perdimos compatriotas, perdimos personas que fueron víctimas del crimen organizado que busca lucrar con la desesperación de la gente, así que eso no puede ser nunca impune, ni debemos aceptar como sociedad”, agregó.

En los últimos años se ha observado mayor participación de los cárteles del narcotráfico y, al ser un país que se encuentra en una isla, es necesaria la colaboración múltiple, desde el punto de vista del viceministro.

“No se trata de un desafío aislado porque hemos visto que estas redes son transnacionales, así que nos referimos a una ley que sirva para un combate efectivo y coordinado”, puntualizó.

Cifras. Las mujeres y las niñas representan un 70% de las víctimas totales de la trata de personas y la explotación sexual, de acuerdo a datos presentados por el Ministerio de la Mujer en 2019.