Aplazan conocimiento medida de coerción a implicados en operación Solidaridad 3.0
LA AUDIENCIA A LOS 6 IMPUTADOS DE LA VICTORIA Y GUERRA FUE REPROGRAMADA PARA CONOCERSE EL PRÓXIMO DOMINGO 20 DE MARZO
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Bernardo Coplyn, aplazó para el próximo domingo 20 de marzo el conocimiento de las medidas de coerción a las personas implicadas en la operación Solidaridad 3.0, con domicilio en los distritos municipales La Victoria en Santo Domingo Norte y San Antonio de Guerra en el Este, a solicitud de los abogados de la barra de la defensa.
Los abogados de los imputados justificaron su petición en la necesidad de obtener mayor conocimiento del caso para poder presentar los presupuestos en favor de sus defendidos, lo que fue acogido por el juez de Atención Permanente, designado para conocer las medidas que solicita el Ministerio Público, actuante en el nuevo caso de estafa a las personas beneficiarias de los subsisidios sociales que el Gobierno otorga a través del programa Supérate.
Con este nuevo grupo de imputados, compuesto por Ydalisis Maribel López; Yanilda Altagracia Ramírez Herrera; Jonathan Martínez; Juana Felicia Guillén; Odalia Florentino y Bernaldo Santiago Hernández Concepción, a quienes se les acusa de clonar miles de tarjetas Supérate, suman cerca de 40 las personas a las que se les ha impuesto medida de coerción por estafa al Estado dominicano.
En esta ocasión, y según consta en la querella depositada el 23 de febrero por la directora general de la Administradora de Subsidios Sociales, Digna Reynoso, a través del cuerpo de abogados constituídos por esa entidad gubernamental, coordinados por la licenciada Sol Ángel Rodríguez, la sustracción a las transferencias de los montos del programa Supérate asciende a unos RD$ 14,287.350.00.
Además de estas personas, propietarias de los comercios: Almacén El Pache; Súper Colmado Gloria; Súper Colmado Gael; Colmado Juana; Colmado Melinda y Colmado Hernández, respectivamente, están prófugos los nombrados Santa Helena Geraldo; Francisca Mambrú Ramírez; Jorge Emilio de Jesús Rodríguez y Leonardo Heredia De La Rosa, contabilizando un total de 10 personas señaladas, hasta ahora, como los supuestos responsables de esta nueva estafa a los programas sociales gestionados por las instituciones que conforman el
A la fecha, cerca de 10 comercios y 40 personas están sindicadas como parte de una extensa red mafiosa que ha defraudado al Estado dominicano con más de 300 millones de pesos, lo que ha sido calificado por la directora de la ADESS como “una acción criminal que ha lesionado a las familias más necesitadas del país, por lo que sus responsables merecen y deben recibir todo el peso de la ley y el rechazo de toda la sociedad dominicana”.