¿Qué tan vigilados son los presos domiciliarios?
Justicia. La Procuraduría General mantiene abiertos numerosos casos de corrupción administrativa, donde los jueces han dictado medidas de coerción a los implicados, muchos de ellos con prisión domiciliaria.
El arresto domiciliario con vigilancia es una medida que ha buscado disminuir los problemas de hacinamiento que hay en el sistema penitenciario dominicano.
Sin embargo, son pocas las residencias de imputados, que cumplen esa medida con una vigilancia permanente, principalmente en caso de presuntos actos de corrupción administrativa, entre ellos que pertenecen al caso “Anti pulpo”, implicados además de testaferros y suplidores del Estado privilegiados en el pasado gobierno de Danilo Medina.
Esto debido a que el Ministerio Público cuenta con pocos agentes de Vigilancia Penitenciaria (VTP) como de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), personal mixto a cargo de la prisión domiciliaria, para dar cumplimiento a esta disposición contemplado en el artículo 226 del código procesal penal en su numeral 6.
Un equipo de Listín Diario contactó que en varias de las residencias de los imputados en los casos de corrupción Antipulpo, Coral, Coral 5G, Medusa y Operación 13, no cuentan con esos agentes penitenciarios, en un recorrido por los sectores El Millón, Miramar, San Isidro, Alma Rosa, y otros del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
En algunos de ellos se informó que los agentes se presentan de repente a las residencias de los imputados que guardan arresto domiciliario, pero que luego de horas se retiran nuevamente.
Código Procesal Penal El artículo 226 del Código Procesal Penal enumera otras medidas de coerción que pueden ser dictadas por el juez en contra de un imputado. Dentro de ellas se encuentran la presentación de una garantía económica, la prohibición de salir del país sin autorización, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad designada, la colocación de localizadores electrónicos y la prisión preventiva.
De todas estas medidas, la prisión preventiva es la más severa de todas, porque implica privar del estado ordinario de libertad al imputado, por lo cual debe ordenarse extraordinariamente, cuando exista principalmente el llamado peligro de fuga. El arresto domiciliario consiste en la restricción indirecta de la libertad de tránsito y movilidad del imputado, obligándole a permanecer en su domicilio o en el de otra persona que tenga su custodia. La medida puede ordenarse con o sin vigilancia.
Una gran parte de la población entiende que el arresto domiciliario solo se aplica en los tribunales dominicanos a personas de cuantiosos recursos económicos. Se fundamentan en que la medida fue dictada sólo a favor de personas de ingresos por encima del promedio, contra quienes inicialmente se había dictado prisión preventiva en distintas cárceles, implicadas en sonados casos de corrupción.
Los agentes responsables de la vigilancia de la prisión domiciliaria no pueden aceptar “ni un vaso de agua” de los imputados bajo esa modalidad ni de las personas que viven en la casa. Con esa medida, que forma parte del protocolo que ejecuta el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (NMGP), también procuran evitar que el agente de vigilancia entre en confianza y complicidad con los acusados y que se viole la resolución judicial. La cantidad de agentes penitenciarios asignados a cada imputado se mantiene bajo reservas por medida de seguridad.
Caso Coral En la primera fase del caso Coral, donde el principal implicado es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, se encuentra con arresto domiciliario el mayor Alejandro Girón Jiménez, en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Coral 5G Mientras que en el caso Coral 5G, la continuación de la primera fase que el Ministerio Público desarticuló, donde figuran como principales implicados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola, se encuentran bajo arresto domiciliario Erasmo Roger Pérez Núñez, Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Jehonan Lucía Rodríguez y Esmeralda Ortega Cruz.
Antipulpo En el caso Anpipulpo, cuyo principal implicado es Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, guardan arresto domiciliario su hermana Carmen Magaly Medina Sánchez, el exministro de Salud Pública, Freddy Higalgo. y el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar.
Igualmente, Francisco Pagán, exdirector de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Christopher, exdirector de Fiscalización de la referida entidad; y Julián Suriel Suazo, supuesto testaferro de Alexis Medina. A estos imputados al principio se les impuso prisión preventiva, pero luego un tribunal varió la medida.
Operación 13 Mientras que en el caso de la operación 13, cuya principal implicado es el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent; William Rosario, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo, se encuentran con arresto domiciliario la presentadora Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio.
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El caso Medusa En el caso Medusa, donde el principal implicado es el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, tienen arresto domiciliario Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa; Rafael Mercedes Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
