¿Qué comprobó la Cámara de Cuentas en su auditoría a Obras Públicas?

Como parte de las investigaciones del Caso Antipulpo, Wilson Camacho solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría a los procesos de compra realizados entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa General Supply Corporation, SRL, propiedad del imputado Alexis Medina según los fiscales, en búsqueda de irregularidades o delitos contra el patrimonio público.

Pese a que el alcance de la investigación estuvo limitado, varios de los siete objetivos planteados por el Ministerio Público a la Cámara de Cuentas fueron logrados, entre ellos confirmar contrataciones sin evidencia del proceso de selección.

Un elemento común entre cada uno de los apartados presentados por la Cámara de Cuentas en el último informe publicado la noche del jueves fue la ausencia de soportes documentales y financieros que validen el correcto proceso de compra y contratación.

A la lista de irregularidades se suma la ejecución de un contrato sin evidencia de un supuesto poder especial emitido por el expresidente Danilo Medina.

En revisión de algunos contratos suscritos por el MOPC con General Supply Corporation, específicamente los números 381-2016, 558-2017 y 599-2017, establecen una cláusula contractual que supedita su validez a un poder especial otorgado por el entonces presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, “sin que el mismo se evidencie en los contratos y documentos que soportan los expedientes jurídicos y de pagos realizados”.

Dinero no percibido y otras discrepancias

Los impuestos y recargos dejados de percibir por el Estado ascienden a RD $171,999,103, de acuerdo al informe.

El órgano auditor observó una diferencia de 2,884,623 galones suministrados en exceso entre el AC-30 facturado (9,469,808 galones) y el importado por el proveedor (6,585,185 galones), equivalente a RD $359,712,488.10, durante el período 2016-2020.

Otra diferencia entre lo facturado y lo importado fue vista en la factura NCF 1150000057 de fecha 4 de enero de 2017, “por la cantidad de 29,265 galones, equivalente a RD $4,787,024.11, excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD $3,767,329”.

El costo del AC-30 adquirido, el cual fue exonerado de impuestos al proveedor, fue de 0.9239 centavo de dólares americanos. Sin embargo, fue vendido al MOPC a 3.50 dólares americanos, con un margen bruto de ganancia de 2.5761 dólares americanos, equivalente a un 278%.

Pagos en exceso

Además, encontraron pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD $484,117,400. 13 y pagos realizados, sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD $422,992,993.

“Al comparar el total de las órdenes de despacho emitidas por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones con la cantidad de AC-30 comprada y asociarlas al contrato 599-2017, verificaron que el MOPC pagó en exceso a General Supply Corporation, la suma de US $75,031.45, equivalentes a RD$3,767,329, al no aplicar el ajuste de precio al excedente de la cantidad de galones de AC-30 comprada, cuando sobrepasa de 1,260,000 galones mensuales del producto”, detallan en el informe.

Otras irregularidades

Asimismo, adquirieron cemento asfáltico AC-30 sin evidencia de apropiación presupuestaria. “Evidenciamos mediante la remisión para pagos a través del Ministerio de Hacienda, por un monto equivalente a RD $728,020,670, que el MOPC no disponía de planificación presupuestaria para la adquisición de cemento asfáltico tipo AC-30”, citan los auditores.

Descubrieron además varios contratos sin cláusula del monto contratado, como fue el caso de los números 381-16 y 558-17, de fecha 2 de diciembre de 2016 y 1 de noviembre de 2017, respectivamente.

En ambos documentos se omitieron cláusulas relativas a la cantidad y monto total del producto cemento asfáltico AC-30 a ser adquirido.

“Asimismo, identificamos que la certificación CO-0002269-2016, del contrato NCF 381- 16, emitida por la Contraloría General de la República (CGR), de fecha 28 de diciembre de 2016, establece el monto del contrato en US $25,200,000, equivalente a RDS 1,177,061,760, sin que se evidencie en dicho contrato este monto”, agregan.

Contratos no registrados

De igual forma, hay contratos sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República. No obstante, el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, notificó a los auditores que tal contrato “no fue registrado en vista de que no fue puesto en ejecución”.

Otro acuerdo no registrado ante la CGR fue entre el exministro Gonzalo Castillo y el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita, con el que se otorgaba el financiamiento de obras prioritarias a favor de contratistas y suplidores del MOPC.

Por otro lado, los auditores observaron que sobre “adquisición de derivados de petróleo a empresa sin evidencia de licencia” no se presentaron certificados de calidad del producto, emitido por el puerto de embarque, asimismo, no existen soporte de ensayos realizados por el MOFC para verificar la calidad del AC-30.

Asimismo, señalaron que, aunque Ramón Antonio Pepín del Rosario, exministro de Obras Públicas, justifica la aprobación de la exoneración del impuesto en función de que era responsabilidad del propio Estado pagar ya que era el consumidor final del AC-30; no se evidencia un análisis del costo versus beneficio para el Estado, por la liberación de los impuestos.

“Ni se observa una disminución en el precio pagado, producto de las exoneraciones realizadas, según contrato versus compra”, incluyen.

¿Faltó algo por comprobar?

Debido a la ausencia de documentos, el órgano auditor no pudo determinar la falta o entrega incompleta del material contratado (AC-30), entregado y pagado. Tampoco pudo ser comprobado que General Supply Corporation tuviera licencia para realizar actividades en el mercado del petróleo y sus derivados, luego de revisar los expedientes de los contratos y soportes de pagos realizados por el MOPC a esa empresa.

La empresa General Supply Corporation, constituida en 2014, fue mencionada en los expedientes de la Operación Antipulpo cuando esta investigación vio la luz pública en noviembre de 2020.

Los fiscales del Ministerio Público aseguran que la entidad es propiedad de Alexis Medina, hermano del exmandatario Danilo Medina, quien rigió la presidencia dominicana durante los periodos en que se cometieron las irregularidades que presenta el informe de la Cámara de Cuentas.

De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), esta empresa obtuvo poco más de 1,248 millones de pesos en contratos con la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Obras Públicas.