Detener despilfarro de agua es un imperativo ineludible

Quienes ya poblamos canas y vivimos en el campo los primeros años de vida, recordamos con nostalgia la exuberancia de bosques, manantiales, arroyos, ríos y vida silvestre, en casi todo el territorio de la República Dominicana.

En Ocoa, mi memoria recuerda los caudales prominentes de los ríos Nizao, Mahoma, Mahomita y Yuna; en menor medida el río Ocoa, el Canal, el Banilejo; también los arroyos Valentín, La Ciénaga, Cazuela, Parra, Los Palmaritos, Jigüey con su famosa piedra Mata Barraco, y el Cañada Grande, entre otros.

Pero esos caudales de agua no salada están disminuidos y en algunos casos ya son cañadas secas por las que solo discurre agua, cuando llueve torrencialmente.

Son recursos muy agotables, pero por fortuna, también muy renovables y si los humanos asumieran una cultura más propia de animales, se ahorrarían y conservarían en abundancia para una mejor calidad de todo lo que vive en el planeta Tierra.

El consumismo y el despilfarro propio de una cultura comprista-rentista que no entra en ningún fundamento de fe y menos en la racionalidad, torna difícil la tarea de recuperar el bosque, los manantiales, la limpieza de los senderos, cuencas, playas, carreteras y calles. Los esfuerzos particulares, sin embargo, demuestran que se puede hacer de un cerro pelado, un nuevo manantial para vivir en plenitud. El uso excesivo de fungicidas, herbicidas, pesticidas, acaricidas y “abonos químicos”, agreden la flora y la fauna diezmando la vida silvestre y contaminan los lechos de agua superficial y subterránea. ¡Una locura solo explicable desde la irracionalidad convertida en cultura convencional del capitalismo depredador!

Señales positivas desde el gobierno Pero al menos parece que hay conciencia e interés en algunos funcionarios del “gobierno que cambia” de adoptar políticas y acciones para detener en parte el despilfarro del agua, tanto en el regadío, como en el consumo doméstico e industrial.

Hace muchos años, ¡Adiós, Joaquín Balaguer!, que en República Dominicana se definió el orden de prioridades para el uso y aprovechamiento del agua de ríos y sus afluentes: primero para consumo humano, segundo para satisfacer las necesidades de los animales, tercero para regadío y cuarto para generación eléctrica. Pero en los hechos, esa distribución no es así porque al presente, “el 82 por ciento del agua fluvial del país va a la agricultura en forma de canales y regolas, pero de ella se desperdicia el 57 por ciento de toda el agua disponible”, según me explicó Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, creada por el presidente Luis Abinader al inicio de su administración mediante el Decreto 204-21, que levantó tantas esperanzas en los conocedores del tema.

Ante esa realidad, explica Caamaño Vélez, la Comisión de Tecnificación de Riego “formula y ejecuta una estrategia de tecnificación de riego para incorporar tecnologías que permitan el uso eficaz y racional del agua, para ahorrarla y obtener una mayor productividad, sin despilfarro”.

“En los próximos cinco años esperamos tecnificar igual cantidad de la superficie irrigada que se ha acumulado, con métodos artesanales, en los últimos 40 años”, prometió Caamaño Vélez, tras señalar que los países ricos hacen un uso más racional del agua que las naciones de renta media, lo que constituye una distorsión desventajosa para el desarrollo.

Una ventaja natural que aun conserva el país es que el nivel de lluvias está por encima del promedio mundial, lo que garantiza que con uso racional del agua y con programas de optimización y conservación de los bosques, en República Dominicana no faltarán precipitaciones para dar vida a manantiales, arroyos y ríos.

Tecnificar el riego agrícola El esfuerzo que despliega la Comisión de Fomento de la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego marcha en consonancia con la previsión de la FAO-ONU, que prevé que para el año 2050 las necesidades de agua para la agricultura aumentarán en 50 por ciento, en un contexto en que ese recurso está disminuyendo en todo el mundo por “mala gestión, uso indiscriminado y el cambio climático, siendo la República Dominicana uno de los países más afectados por ese fenómeno planetario”, explicó Caamaño Vélez.

Apoyar desde el gobierno de Abinader el trabajo de la Comisión de Tecnificación de Riesgo, dotarla de recursos financieros, facilidades crediticias y personal calificado para que no se detenga, es una decisión oportuna y estratégica de la que el país se beneficiará en el mediano y largo plazo.

Botando el agua “potable” El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) presta servicios de suministro de agua en 24 provincias del país y no oculta que la mitad de ella se pierde por fugas y desperdicio, después de que está en cañerías y se considera apta para ingerir y preparar alimentos.

De 480 millones de galones diarios que trata el Inapa con una inversión cuantiosa del Estado, solo se aprovechan 240 millones de galones, el resto se pierde, lo que representa un malgasto del 50 por ciento de la purificación y puesta en tuberías de agua para la población.

En cualquier sociedad con un Estado y ciudadanos responsables, esa situación es inaceptable y por sobre todo, hay que revertirla urgentemente con la acción del gobierno, el respaldo de las organizaciones comunales y campesinas, pero principalmente por la cooperación de los ciudadanos que abren grifos en sus apartamentos, casas, piscinas y jardines, como si el agua no fuese suplida desde lo alto de la cordillera Central, hasta sus hogares en la capital y otras localidades.

Los expertos de Inapa, ingenieros José Aybar, director de Ingeniería; y Miguel Bachá, asesor del director, Wellington Arnaud; identifican como un problema serio a enfrentar, el hecho de que como no hay medición del consumo (y menos del derroche) individual de agua, la gente se sirve de la oportunidad de gastar sin medida un recurso que le cuesta al Estado 25 pesos por metro cúbico servido por gravedad, pero al usuario que paga, solo se les cobra seis pesos.

Ahí se evidencia una doble irracionalidad: el Estado subsidia la potabilización del agua, la envía a los hogares, allí se desperdicia al igual que en las redes de distribución, pero al final se paga –y también se evade el pago- por una tarifa insignificante.

Parar el despilfarro del agua, cobrar lo justo por el consumo, usar de forma racional la disponibilidad de regadío, evitar que el sol y el mar se lleven la mayor cantidad del agua necesaria antes de ser aprovechada por el hombre, los animales, la vida silvestre y la hidro-generación, es una meta alcanzable que cualquier ciudadano honesto y comprometido, respaldaría si el “gobierno que cambia”, la echa a andar con fuerza y sin dilación.