Manuel Jiménez denuncia que desaprensivos cortaron mangueras de dos camiones
El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, denunció este viernes que desaprensivos boicotearon los servicios de recogida de basura de una nueva flotilla pública de camiones que fue insertada en la circunscripción 2.
Según explicó el alcalde, a dos de los nuevos camiones insertados en la circunscripción 2 les fueron cortadas las mangueras de motor con el fin de intentar boicotear los trabajos que el Ayuntamiento, junto a la dirigencia comunitaria, realizan para limpiar la ciudad.
“Por lo menos dos de nuestros camiones nuevos han sido atacados deliberadamente, a uno de esos camiones le cortaron una manguera y eso es un acto criminal, un sabotaje (…) que no podemos callar”, señaló el alcalde durante una rueda de prensa.
Aunque Jiménez aseguró que el intento de sabotaje no provocó daños importantes en las unidades, solicitó la colaboración de la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar y someter a la justicia a quienes se resisten a ser desvinculados del servicio de recogida de basura del municipio.
La alcaldía también informó que la denuncia del sabotaje al operativo de limpieza que se produjo el 5 de agosto pasado se encuentra en manos del Ministerio Público e incluyen un primer acusado. Asimismo, esperan que las autoridades vayan más allá de los autores materiales del posible sabotaje, para poder identificar a posibles autores intelectuales, “sean estos, empresarios, empleados o políticos”.
Denuncia de corrupción
En menos de una semana de trabajo la nueva flotilla de camiones adquiridos para recoger la basura en la circunscripción dos de Santo Domingo Este ha registrado un consumo de 24 galones de combustible por unidad en tres jornadas o viajes.
Esto representa un ahorro de 80% en combustible y un aumento de 200% en el rendimiento de trabajo comparado con el consumo de 40 galones de combustible por unidad con las flotillas del servicio privatizado.
El Ayuntamiento aseguró que en Santo Domingo Este la corrupción en la recogida de basura implicaba desvío de rutas por parte de personal operativo, para fines de cobro a negocios y empresas particulares; transporte ilegal de escombros a cambio de beneficios particulares; fraude en el pesaje de la basura; control político de la ruta; entre otras.
En las circunscripciones ahora administradas por el gobierno local el contrato de privatización del servicio había sido firmado por una tarifa de US$32, la más cara de toda República Dominicana, según el ayuntamiento.