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La República martes, 14 de septiembre de 2021

Antilavado de Activos, bajo la lupa

¿Hubo un topo del Falcón en la PGR?

Luis González, suspendido director de Antilavado, habría sido excluido del proceso de investigación del caso Operación Falcón.

  • ¿Hubo un topo del Falcón en la PGR?

    Luis González está suspendido de la Unidad Antilavado de la Procuraduría

RAMÓN CRUZ BENZAN / RICARDO SANTANA
Santo Domingo, RD

La Inspectoría del Ministe­rio Público investiga al di­rector de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Luis González, por presuntas irregularida­des cometidas durante el desempeño de sus funcio­nes.

La investigación es condu­cida por el director del ci­tado órgano, Juan Medina, quien ha solicitado al Con­sejo Superior del Ministe­rio Público, como medida cautelar, la suspensión de González hasta tanto con­cluya la pesquisa.

Medina indicó que el De­partamento Antilavado continúa laborando con normalidad, aclarando que en ningún momento ha si­do intervenido, como ha trascendido.

Su función es fortalecer de manera integral las investi­gaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Ac­tivos y otras infracciones graves y procurar las san­ciones que correspondan a la luz de la ley 155-17 so­bre lavado de activos pro­venientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias con­troladas y otras infracciones graves, evitando así la impu­nidad y al mismo tiempo ga­rantizar que este tipo de cri­men no afecten la economía dominicana.

Igualmente, dar cumpli­miento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementa­ción de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en to­do el país; a través de sus fis­cales enlaces en cada Distri­to o Departamento judicial.

Diputado se defiende
Por otra parte, Nelson Mar­molejos Gil, diputado del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM), prometió ayer responder las imputaciones del ministerio público de que su campaña para el car­go legislativo fue financiada por Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabeza principal del recién desmantelado grupo de narcotráfico y lava­do de activos, a través de la Operación Falcón.

De estas imputaciones, Mar­molejos ya se defendió de inicio al sostener , vía redes sociales, que no tiene “nada que ver” en el caso.

Sin embargo, el legisla­dor, en declaraciones a medios locales, dijo que después de una reunión con la dirección de su par­tido, el PRM, espera por decisiones para referirse al caso.

“Hasta ahora no puedo ofre­cer declaraciones”, comen­tó, pero siguió defendiendo su inocencia en el caso.

El Ministerio Público lo acu­sa de recibir altas sumas de dinero de Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado en la investigación como ca­becilla de la red de narcotrá­fico y lavado de activos que tiene ramificaciones en San­tiago.

La Dirección General de Persecución del Ministe­rio Público explicó que los presuntos involucra­dos en la red de narcotrá­fico desarticulada crearon una “poderosa estructu­ra del crimen organizado, que ha operado de mane­ra sistemática y bajo un esquema típico de las or­ganizaciones criminales transnacionales, vincula­do a mega operaciones de narcotráfico.

Instancia superior
Es en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) donde se de­berá ventilar el proceso pe­nal a los diputados que el ministerio público implica en la operación Falcón, acu­sados de narcotráfico y la­vado de activos. Entre los implicados en la red des­mantelada por la Procura­duría, figuran los diputa­dos Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos.

EN EXPEDIENTE
La operaciones

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la econo­mía legal y en las ins­tituciones financieras. Los inculpados, dice la acusación, trataban de darle apariencia le­gal a sus actividades a través de documen­taciones llenas de fal­sedades, con la pre­tensión de ocultar el rastro de su origen ilí­cito y justificar el rápi­do incremento de sus fortunas.

Otra de las actividades es que financiaron cam­pañas políticas a esca­ños en el Congreso Na­cional, alcaldías, conse­jo municipal, entre otras entidades, con el obje­tivo de tener incidencia y poder.

Y vadían la persecu­ción penal de las au­toridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investi­garlos.