¿Hubo un topo del Falcón en la PGR?

La Inspectoría del Ministe­rio Público investiga al di­rector de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Luis González, por presuntas irregularida­des cometidas durante el desempeño de sus funcio­nes.

La investigación es condu­cida por el director del ci­tado órgano, Juan Medina, quien ha solicitado al Con­sejo Superior del Ministe­rio Público, como medida cautelar, la suspensión de González hasta tanto con­cluya la pesquisa.

Medina indicó que el De­partamento Antilavado continúa laborando con normalidad, aclarando que en ningún momento ha si­do intervenido, como ha trascendido.

Su función es fortalecer de manera integral las investi­gaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Ac­tivos y otras infracciones graves y procurar las san­ciones que correspondan a la luz de la ley 155-17 so­bre lavado de activos pro­venientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias con­troladas y otras infracciones graves, evitando así la impu­nidad y al mismo tiempo ga­rantizar que este tipo de cri­men no afecten la economía dominicana.

Igualmente, dar cumpli­miento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementa­ción de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en to­do el país; a través de sus fis­cales enlaces en cada Distri­to o Departamento judicial.

Diputado se defiende Por otra parte, Nelson Mar­molejos Gil, diputado del Partido Revolucionario Mo­derno (PRM), prometió ayer responder las imputaciones del ministerio público de que su campaña para el car­go legislativo fue financiada por Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabeza principal del recién desmantelado grupo de narcotráfico y lava­do de activos, a través de la Operación Falcón.

De estas imputaciones, Mar­molejos ya se defendió de inicio al sostener , vía redes sociales, que no tiene “nada que ver” en el caso.

Sin embargo, el legisla­dor, en declaraciones a medios locales, dijo que después de una reunión con la dirección de su par­tido, el PRM, espera por decisiones para referirse al caso.

“Hasta ahora no puedo ofre­cer declaraciones”, comen­tó, pero siguió defendiendo su inocencia en el caso.

El Ministerio Público lo acu­sa de recibir altas sumas de dinero de Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado en la investigación como ca­becilla de la red de narcotrá­fico y lavado de activos que tiene ramificaciones en San­tiago.

La Dirección General de Persecución del Ministe­rio Público explicó que los presuntos involucra­dos en la red de narcotrá­fico desarticulada crearon una “poderosa estructu­ra del crimen organizado, que ha operado de mane­ra sistemática y bajo un esquema típico de las or­ganizaciones criminales transnacionales, vincula­do a mega operaciones de narcotráfico.

Instancia superior Es en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) donde se de­berá ventilar el proceso pe­nal a los diputados que el ministerio público implica en la operación Falcón, acu­sados de narcotráfico y la­vado de activos. Entre los implicados en la red des­mantelada por la Procura­duría, figuran los diputa­dos Héctor Darío Feliz y Nelson Marmolejos.

EN EXPEDIENTE La operaciones Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocar los fondos en la econo­mía legal y en las ins­tituciones financieras. Los inculpados, dice la acusación, trataban de darle apariencia le­gal a sus actividades a través de documen­taciones llenas de fal­sedades, con la pre­tensión de ocultar el rastro de su origen ilí­cito y justificar el rápi­do incremento de sus fortunas.

Otra de las actividades es que financiaron cam­pañas políticas a esca­ños en el Congreso Na­cional, alcaldías, conse­jo municipal, entre otras entidades, con el obje­tivo de tener incidencia y poder.

Y vadían la persecu­ción penal de las au­toridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investi­garlos.