El 6 de septiembre se sabrá si darán prórroga para el caso Pulpo
Alexis Medina, figura clave en el caso Pulpo, es visto aquí de paso a una audiencia.
La jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el 6 de septiembre si concede una prórroga de cuatro meses más para presentar la acusación contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados por corrupción y lavado de activos del Caso Pulpo.
La jueza Yanibel Rivas fijó para ese día a las 9:00 de la mañana el conocimiento del pedido presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.
Mientras que el 3 de septiembre, el mismo tribunal conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción a los implicados en el entramado de corrupción que fueron enviados a prisión y con arrestos domiciliarios.
Asimismo, la jueza conocerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción a Alexis Medina, quien había recusado al magistrado Amauris Martínez, apoderado para la revisión de la medida de coerción.
En torno al caso guardan prisión en la cárcel de Najayo, además de Alexis Medina, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Otros implicados son Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República.
El pedimento de la Pepca La Pepca plantea que su solicitud obedece, entre otras razones, a que espera una investigación de la Cámara de Cuentas, que ya está en proceso, como le comunicó el 29 de julio el presidente de ese órgano de control, Janel Andrés Ramírez Sánchez.
Dijo que mantiene una investigación activa contra la red de corrupción y que a medida que avanza, la situación de los procesados es más grave y compleja.
BASE ACUSACIÓN Cargos contra grupo La red, según el Ministerio Público, forman parte de un grupo de exfuncionarios y proveedores privilegiados y testaferros, a quienes se le acusa de aprovechar los vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas.