Nueva caída del Código Penal

Por el momento no hay certeza de cuándo podría ser convocada la próxima reunión de trabajo del Senado de la República.

El controversial proyecto no fue conocido por falta de cuorum en el Senado de la República.

El controversial proyecto no fue conocido por falta de cuorum en el Senado de la República.

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Paul MathiasenSanto Domingo, RD

A pesar de las expectati­vas que había en torno a la posible definición ayer por parte del Senado sobre el proyecto de Ley del Có­digo Penal de la Repúbli­ca Dominicana, la falta de quórum apagó cualquier ilusión centrada en la idea de ver llegado el momento esperado para el cierre del capítulo final sobre este es­te controversial tema.

Cerca de un año demo­ró la Cámara de Diputa­dos en estudiarlo y, pos­teriormente, aprobarlo, mientras que el Senado solo lo tuvo un mes.

En una ocasión, su pre­sidente, Eduardo Estrella, manifestó que al finalizar la legislatura el país tendría un nuevo Código Penal.

No obstante, su lectura fa­lló. Ayer, en una sesión con­vocada casi exclusivamente para el conocimiento de esta pieza legislativa, la mayoría de los legisladores evitaron presentarse. En contrario, enviaron excusas o, simple­mente, se ausentaron.

A pesar de que la sesión estaba convocada para las 2:00 de la tarde de ayer, re­cién a las 2:55 se hizo el pri­mer pase de lista. El segundo fue a las 3:27 de la tarde. A pesar del tiempo transcurri­do, nunca hubo la cantidad de senadores suficientes.

Específicamente, en el primer pase de lista, para comprobar el quórum exis­tente, sólo se encontraban presentes 11 senadores, mientras que el segundo aumentó a 12.

Por otro lado, el acta de asistencia reflejó que hubo 19 senadores que no se pre­sentaron, de los cuales 12 presentaron excusas por es­crito, para justificar su au­sencia.

Los 12 que faltaron, por medio de excusas, fueron Santiago Zorrilla, de El Seibo; Ginnette Bourni­gal, de Puerto Plata; Héc­tor Acosta (El Torito), de Monseñor Nouel; Cristó­bal Castillo, Hato Mayor; Ricardo de los Santos, de Sánchez Ramírez; José del Castillo Saviñón, Baraho­na; Carlos Gómez, de Es­paillat; Antonio Marte, de Santiago Rodríguez; Va­lentín Medrano, de Inde­pendencia; Antonio Pi­mentel, de Monte Cristi; Lenin Valdez, Monte Pla­ta y Alexis Victoria Yeb de María Trinidad Sánchez.

Otros siete sencillamente se ausentaron. Esto son, Fé­lix Bautista, de San Juan de la Maguana; Pedro Catrain, de Samaná; Yvan Lorenzo, de Elías Piña; Martín Nolas­co de Valverde; Faride Raful, del Distrito Nacional; Mela­nia Salvador, de Bahoruco y Antonio Taveras, Santo Do­mingo.

Estuvieron presentes el presidente del Senado, Eduardo Estrella; Lía Yno­cencia Díaz, de Azua; Jo­sé Castillo, de San José de Ocoa; Virgilio Cedano, La Altagracia; Milciades Fran­jul, Peravia; Ramón Rogelio Genao, La Vega; Franklin Peña, San Pedro de Maco­rís; Franklin Rodríguez, San Cristóbal; Bautista (Bauta) Rojas, Hermanas Mirabal; Franklin Romero, de Duarte; Dionis Sánchez, Pedernales; Iván Silva, La Romana y David Sosa de Dajabón.

Según el reglamento del Senado, para iniciar una se­sión ordinaria deben estar presentes 17 senadores del total de 32, por lo que inclu­so en su segundo pase de lis­ta nunca hubo cuórum sufi­ciente.

Reintroducir A pocos minutos de haber­se caído la sesión del Sena­do, la senadora Faride Ra­ful publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde anunció que reintroduci­rán el próximo 16 de agos­to el proyecto de Ley del Código Penal.

“En la Legislatura que inicia el próximo 16 de agosto (en menos de una semana), el Proyecto de Código Penal será rein­troducido para que la Co­misión haga el estudio y análisis que corresponde. Sin presiones y con la fir­me voluntad política de aprobar el CP que necesi­tamos”.

PENDIENTE Una pieza clave. El Código Penal es un conjunto de normas ju­rídicas punitivas de un Estado. Es decir, es un código que recoge las penas aplicables a toda persona que cometa al­gún delito.

En el caso del Código Pe­nal de la República Do­minicana, este recono­ce y aplica los derechos fundamentales de la persona.

Se trata de un conjunto de principios y garantías que tienen por objeto la prevención, control y re­presión de las infraccio­nes que se presentan en la sociedad.

Actualmente, el destino de este importante ins­trumento está en manos del Senado de la Repú­blica para aprobación.

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