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Apeados del gobierno: escándalos sacudieron primer año de Abinader

Kinsberly Taveras Duarte, Leonardo Faña y Luis Maisichell Dicent.

Kinsberly Taveras Duarte, Leonardo Faña y Luis Maisichell Dicent.

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Saulo Mota TelemínSanto Domingo, RD

Una de las promesas de campaña del presidente de la República, Luis Abinader, fue velar por la instalación de un Ministerio Público independiente, sin miramientos a partidos políticos al impartir justicia por infracciones cometidas.

De hecho, este ha sido uno de los puntos que el mandatario tiende a reiterar en su retórica: cero tolerancia para actos de corrupción, por mínimos que sean.

Esto significó un mayor escrutinio sobre las acciones de los funcionarios actuales, con algunos de estos protagonizando múltiples escándalos que se han traducido en suspensiones, cancelaciones y hasta periodos en prisión.

Operación 13 Designado mediante el decreto 388-20, Luis Maisichell Dicent fungió como administrador de la Lotería Nacional hasta mayo de este año, cuando fue suspendido de sus funciones por vínculos a un fraude, que posteriormente fue denominado por las autoridades del Ministerio Público como “Operación 13”.

Se trató de un sorteo de la lotería que fue amañado para que el bolo ganador fuera el número 13, y que contó con la participación de varias personas, incluyendo al talento frente a las cámaras.

La idea era sencilla: una persona no vidente miembro del grupo simuló la extracción del número “agraciado”, mientras que la presentadora (quien también era parte de esta red) ya lo tenía en la mano.

Sin embargo, en la ejecución no fue así, ya que todo este proceso fue captado por las cámaras del estudio de televisión desde donde transmitían aquel sorteo.

Asimismo, en su expediente de investigación, los fiscales aseguraron que esta movida le costó alrededor de 500 millones de pesos al sistema de bancas de lotería, y otros cinco millones de dólares en dependencias ubicadas en el exterior del país.

También se señaló a Dicent como la mente detrás de un entramado que planeaba llevar a cabo múltiples amaños de este tipo.

Actualmente, Dicent se encuentra en el Nuevo Modelo Penitenciario Najayo Hombres, en San Cristóbal, cumpliendo prisión preventiva de un año como medida de coerción, por lo que Abinader nombró a Teófilo "Quico" Tabar Manzur en el cargo.

Declaración de bienes costosa Una de las primeras medidas anunciadas por la administración de Abinader fue imponer fechas límites para que los funcionarios recién nombrados puedan depositar sus respectivas declaraciones juradas de bienes.

Entre los miles de millones de pesos declarados, una declaración llamó la atención más que otras: la de la entonces ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte.

Taveras Duarte declaró un patrimonio que ascendía a RD$74 millones, algo que generó cuestionamientos, principalmente tras una investigación llevada a cabo por la periodista Nuria Piera.

Posteriormente fue citada a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por el director de esa entidad, Wilson Camacho, para aclarar su situación.

A raíz de ello, Taveras Duarte tomó una licencia laboral de 60 días mientras era investigada, pero terminó renunciando a su puesto a principios de diciembre del 2020, siendo designada en su lugar Luz del Alba Jiménez Ramírez.

Acoso y violación La gestión de Abinader también ha sido sacudida por escándalos de agresiones sexuales, con alegaciones presentadas a miembros del actual gobierno.

El pasado 18 de enero María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera del Instituto Agrario Dominicano (IAD), denunció al director de este organismo Leonardo Faña, a quien acusó de haberla tocado “por todas partes”.

Por consecuencia, a Faña se le ha ordenado abstenerse de molestar, intimidar o amenazar por cualquier medio a Flores Encarnación.

Según lo descrito en los documentos del Ministerio Público, tras ser designada en su puesto, Faña se dedicó a invitarla a salir de manera insistente, solicitud a la que eventualmente cedió, pero solo si “era en compañía de una amiga”.

No obstante, Faña supuestamente se negó a esta propuesta, por lo que el entonces funcionario recogió a la señora en el parqueo de un supermercado de la avenida Luperón desde donde partieron.

Pero el destino, que se suponía era la oficina de Faña, fue una cabaña. Flores Encarnación se rehusó a complacer a su superior en aquel lugar y amenazó con lanzarse del vehículo si entraba a uno de los estacionamientos de esa instalación.

Ante la negativa, la mujer alegó que Faña se dirigió hacia un restaurante donde llevó personalmente hasta la mesa la comida y las bebidas que consumirían y tiempo después de cenar Flores Encarnación perdió la conciencia.

Luego, cuando empezó a recobrar sus sentidos, Flores Encarnación aseguró que vio a Faña tocándola.

Al día siguiente, Faña, quien negó todas las acusaciones hechas en su contra, solicitó una licencia laboral mientras era investigado su caso, pero para la semana próxima ya el presidente había nombrado su remplazo temporal en el IAD: José Daniel del Rosario Valdez.

No obstante, y pese a sus protestas, Faña fue arrestado por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y fue posteriormente enviado a Najayo Hombres el pasado mes de marzo, para cumplir medida de coerción, que consistió en dos meses de prisión preventiva.

Un mes después le variaron la medida, siendo puesto en libertad condicional. Mañana será conocido el juicio preliminar en su contra.

También está el caso del ex encargado de la Dirección Regional de Aduanas en la zona norte del país, Antonio Gómez Díaz, quien fue arrestado en Santiago por la fiscalía de esa demarcación, bajo cargos de violación sexual y acoso laboral.

De acuerdo con el expediente de los fiscales, el hecho ocurrió a mediados de diciembre del 2020, en uno de los baños del edificio de Aduanas, lo que llevó a la referida institución a suspenderlo y luego cancelarlo.

Hasta la fecha, Gómez Díaz espera el inicio de su proceso judicial cumpliendo su medida de coerción de prisión domiciliaria.

Jeringuillas caras El primer ministro de Salud Pública designado por Abinader fue Plutarco Arias, quien fue destituido poco antes de la primera rendición de cuentas.

¿La razón? Todo sucedió tras una licitación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que supuestamente tenía precios alterados y que luego fue cancelada.

Y aunque sostuvo que ejerció su cargo con honestidad, aceptó su despido. No obstante, atribuyó a sectores interesados las críticas que recibió por la referida licitación.

“Han desatado una andanada de mentiras, críticas, extorsiones y chantajes, con la finalidad de distorsionar mi labor esforzada, recta y transparente en la conducción del Ministerio, acción perversa que rechazo con toda la fuerza que me da saberme una persona de valores, de familia, de buenas costumbres y de más de 35 años de ejercicio pulcro de la medicina”, expuso Arias en un comunicado.

Actualmente, Daniel Rivera es quien ostenta el cargo que fue de Plutarco.

Narcotráfico Otro de los principales escándalos de este joven gobierno son los vínculos de algunos miembros del partido oficialista con el narcotráfico, aunque ninguno de los acusados son funcionarios.

Uno de estos es Sadoki Duarte, diputado por la provincia Sánchez Ramírez, quien tuvo encontronazos con miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional. Además es acusado de proteger a una persona con vínculos al tráfico de drogas.

De igual forma está su compañero en la Cámara de Diputados, y en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez Díaz, que actualmente está apresado en Estados Unidos y enfrenta un proceso judicial por narcotráfico.

Similarmente Yamil Abreu Navarro, quien fue dirigente del PRM, enfrenta cargos relativos al tráfico de drogas en los Estados Unidos, a donde fue extraditado en octubre de 2020.