La Dirección General de Prisiones, en coordinación con el Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la jueza de Ejecución de la Pena, levantarán un registro que permitirá buscar una solución para los casos de privados de libertad que agotaron el tiempo de sus condenas de reclusión y tienen dificultades económicas para cubrir multas o fianzas.

El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, se refirió al tema luego del recorrido del defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, por la Penitenciaría Nacional de La Victoria, durante una visita que contó con la presencia de Jonathan Baró Gutiérrez, procurador de corte y coordinador del Gabinete Penitenciario.

“Tendremos un plan piloto en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; el defensor del Pueblo tiene la idea de crear un fondo, con el apoyo de beisbolistas, para cubrir esas multas”, resaltó Hernández Basilio.