Siete países de AL tienen ya ley de extinción de dominio
Proyecto se discute en Congreso Nacional desde el 2014.
Motivado en el incremento del crimen organizado, como el narcotráfico, y otros delitos que dan lugar a lavado de activos, en al menos siete países de Latinoamérica han sido aprobadas leyes de extinción de dominio, que tienen la finalidad de que los estados recuperen bienes que han sido obtenido producto de las actividades ilícitas.
En Latinoamérica han incorporado una ley de esa naturaleza en su ordenamiento jurídico Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú. En Argentina también se ha creado ese mecanismo pero mediante un decreto presidencial de necesidad y urgencia.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) creó en el 2011 una ley modelo sobre la materia, a través de su programa de asistencia legal en América Latina y el Caribe, en la cual se recogen las buenas prácticas en su aplicación a nivel internacional.
Ese documento ha servido de parámetro a los países que han promulgado legislaciones sobre extinción de dominio, definido como un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y que constituye una respuesta eficaz contra el crimen organizado, debido a que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.
Desde el 2014 en la República Dominicana se discute en el Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que ha sido aprobada por el Senado, pero ha permitido en la Cámara de Diputados.
Ayer miércoles, 27 de julio, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que no será posible que el proyecto sea aprobado en la actual legislatura que concluye en agosto.
CONGRESO Recursos robados Presidente. El día anterior, el presidente Luis Abinader manifestó su esperanza de que próximamente el Congreso Nacional apruebe la Ley de Extinción de Dominio, a fin de que los recursos robados del erario puedan volver y ejecutarse.