Cuando Joaquín Balaguer retomó el poder el 16 de agosto de 1986, en el plano político matizó su gobierno en dos aspectos esenciales: respeto a los derechos humanos que había conquistado el país en los gobiernos perredeístas de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco entre 1978 y 1986, y persecución de la corrupción gubernamental contra exfuncionarios opositores.

Para el año 1986 la Guerra Fría estaba a punto de finalizar y en lo que quedaba de las organizaciones de izquierda dominicana nadie se planteaba la lucha armada ni se registraban acciones terroristas, por lo que reeditar el régimen de exterminio, encarcelamiento y exilio de revolucionarios que gestionó Balaguer entre 1966 y 1978 y Estados Unidos, era innecesario e intolerable para el mundo que comenzaba a globalizar comercio y se perfilaban estándares democráticos elementales.

La lucha contra la corrupción patrocinada por Balaguer tenía un claro propósito de venganza política contra las figuras más connotadas de la oposición que cuando fueron gobierno trataron de humillar al líder reformista y a su familia, y al caer abajo tendrían que saber que su flecha iba apuntada directa al corazón de sus enemigos.