Reformas fiscales en tiempos de crisis

Así como dis­puso la sus­cripción de los pactos nacionales sobre educación y electri­cidad, el artículo 36 de la Ley sobre Estrategia Na­cional de Desarrollo del 2012, estableció la nece­sidad de un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Aunque generalmente tiende a olvidarse, es pre­ciso recordar que ese mis­mo artículo consignó que en un plazo no mayor de tres años se iniciaría el proceso de dicho pacto fis­cal, orientado, entre otros propósitos, a elevar la pre­sión tributaria.

De conformidad con ese mandato legal, el pacto para una reforma fiscal en nuestro país debió haber­se realizado, lo más tardar, en el 2015.

Pero no se hizo. Para esa época, el gobierno estaba concentrado, más bien, en la realización de una refor­ma constitucional que per­mitiera la reelección presi­dencial.

Luego, se comentó que se haría para el 2019. Pero, como de nuevo se transitaba, en forma oculta, por la temeridad de una nueva aventura de reforma constitucio­nal (que afortunadamen­te se frustró), se planteó que la haría el próximo gobierno surgido de las urnas.

De esa manera, trans­currieron ocho años en que en una economía que tenía vientos a favor, con 5.8% de crecimiento pro­medio anual, no se realizó, de manera irresponsable, el pacto fiscal que la ley or­denaba materializar.

Debido a que durante dé­cadas no ha habido sintonía entre crecimiento económi­co y presión tributaria en la República Dominicana, la no realización del pacto fis­cal en el plazo señalado por la ley ha debilitado las fi­nanzas públicas, ocasionan­do graves dificultades para nuestra economía.

La Ley de Estrategia Na­cional de Desarrollo preveía que para el 2015, la presión tributaria debió haber sido de 16% del PIB. Sin embar­go, fue tan sólo de 12.9% del PIB.

Igual ocurrió en el 2020. Estaba previsto que, para ese año, la presión tributa­ria debió haber alcanzado el 19% del PIB. En cambio, sólo fue de 11.7%.

Necesidad de la reforma De manera sorprendente, como algo salido del rea­lismo mágico de Macondo, en 24 años, comprendidos entre 1990 y 2014, en la República Dominicana se efectuaron 35 reformas tri­butarias, de las cuales sólo 10 tuvieron un efecto positi­vo para los ingresos fiscales del Estado.

En los países desarrolla­dos, la presión tributaria equivale al 37% del PIB. En las economías emergentes de América Latina, un 27%. En la República Dominica­na, la presión con respecto al producto alcanza la ma­gra cifra de tan sólo 14%.

Estamos muy por deba­jo del promedio de la re­gión. Por esa razón, la for­mulación y ejecución del presupuesto nacional, se convierte, cada año, en una verdadera tragedia finan­ciera, debido a que los gas­tos superan los ingresos.

Para enfrentar ese défi­cit, se recurre al mecanis­mo de la deuda. Pero esta se encuentra en continuo au­mento, y como resultado, se ha producido un deterioro de las finanzas públicas.

En ese sentido, el im­pacto de la Covid-19 ha si­do devastador. En el 2020, la economía se contrajo en -7.6%. Se produjo una re­ducción del PIB, cierre de empresas, aumento del desempleo, incremento de la pobreza, caída de los in­gresos tributarios, déficit fiscal y aumento de la deu­da pública.

A mediados del 2019, la deuda era de 44 mil millo­nes de dólares, equivalen­te al 50.5% del PIB. Al año siguiente, en el 2020, au­mentó a 53 mil millones de dólares, para colocarse en 69.2% del PIB.

Algo sin precedente. En tan sólo un año, debido a la pandemia, para incre­mentar el gasto público, en un contexto de desplo­me de los ingresos fiscales, la deuda pública nacional aumentó en cerca de un 18%.

Frente a esa situación, la agencia calificadora de ries­gos, Fitch Ratings, conside­ró que nuestra deuda pasó de estable a negativa y que la credibilidad de la política fiscal será fundamental pa­ra la calificación futura.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional considera que la recauda­ción de impuestos en el país está rezagada en compara­ción con el resto de la re­gión.

En tal virtud, en una re­ciente consulta, estimó que “hay margen para movilizar más ingresos ampliando la base impositiva y racionali­zando las exenciones”.

Más aún, consideró que esto ayudaría a la conso­lidación fiscal a media­no plazo y mantendría un margen de política para gastos críticos. En pocas palabras, el FMI sugiere la pronta realización de la re­forma fiscal.

El arte de la prudencia Comprendiendo la necesi­dad de la reforma, a prin­cipios de octubre del 2020, a dos meses de instalarse el nuevo gobierno, el pre­sidente Luis Abinader con­vocó al Consejo Económi­co y Social con la finalidad de iniciar el diálogo para la adopción del referido pacto fiscal.

No obstante, transcurrie­ron siete meses y no vol­vió a suscitarse el tema. Era comprensible: todas las energías nacionales estaban concentradas en contener la propagación del virus.

Pero en la medida en que se ha iniciado un proceso gradual de reactivación de la economía mundial, los halcones financieros, en vez de plantearse la creación de un fondo global de coopera­ción y solidaridad, estable­cen como prioridad el pago de la deuda.

Así ha ocurrido, por ejemplo, en España, donde ese sector financiero, al es­timar que la caída de ingre­sos fiscales y el incremento del gasto, en el marco de la pandemia, han elevado la deuda pública española a 120% del PIB, considera co­mo prioridad la reducción de la deuda pública, como señal a los mercados.

Afortunadamente, para el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, es­te no es el momento para po­ner en marcha un programa de ajuste como al que aspiran los que fueron partidarios de la austeridad en tiempos de la Gran Recesión.

Para esas instituciones, todavía hay un largo cami­no que recorrer para ven­cer la pandemia. Por tanto, lo que procede es continuar con la política de estímu­los fiscales, el plan de vacu­nación y una recuperación económica sostenible y sóli­da. Nada de ajustes fiscales en lo inmediato.

Lo contrario ocurrió en Colombia. En ese hermano país sudamericano, el go­bierno sometió al Congreso Nacional un proyecto de re­forma fiscal que provocó la ira de la población.

Por distintas ciudades se desataron protestas masi­vas de diferentes sectores de la sociedad. Las autori­dades gubernamentales, en lugar de recurrir al diálogo y al consenso, respondieron con una feroz represión, ocasionando la muerte de decenas de personas, miles de heridos y centenares de detenidos.

Al final, el gobierno tu­vo que retirar el proyecto de reforma; y en la actua­lidad la sociedad colom­biana lucha por salir de los escombros y las cenizas pro­vocadas por una decisión, aunque tal vez necesaria, arriesgada e inoportuna.

Aunque se sabe que en la República Dominicana la reforma fiscal es ineludible para garantizar el balance de nuestras finanzas públi­cas y la estabilidad de nues­tra economía, resulta, sin embargo, que el momento es inapropiado para llevar­la a cabo.

Además de racionalidad económica, todo proceso de reforma o de ajuste fiscal, requiere que sea socialmen­te incluyente y políticamen­te viable.

A pesar del gradual pro­ceso de reactivación, toda­vía la economía dominicana es frágil, con las característi­cas de un paciente en esta­do de convalecencia.

Al escuchar distintas vo­ces de la sociedad, así lo comprendió, de manera prudente, el presidente Luis Abinader, al afirmar que “ahora no hay condiciones para la reforma fiscal”.

Porque, en efecto, así es. Actualmente, no hay condi­ciones.