Conozca las irregularidades cometidas por empresa propiedad de la pastora e hijo

El pasado sábado, la autoridades del Ministerio Público llevaron a cabo la Operación Coral, en la que además de allanar unas 27 propiedades en distintas ciudades del país, fueron apresadas cinco personas por participar en presuntos actos de corrupción y coalición de malhechores.

Listín Diario tuvo acceso a la solicitud de medida de coerción con los implicados en el caso, en la que figura Único Real State e Inversiones SRL como una de las diversas empresas que constituyeron la pastora Rossy Guzmán y su hijo, el cabo de la Policía Nacional Tanner Antonio Flete Guzmán, junto al coronel Rafael Núñez de Aza y el mayor General Adán Cáceres Silvestre para lavar dinero.

Contrario a la actividad común de una empresa inmobiliaria y de inversiones, que sería la compra y venta de propiedades inmobiliarias, la empresa mantenía los inmuebles bajo su propiedad. Asimismo, sin sus propietarios tener la capacidad financiera, obtuvieron bienes inmuebles millonarios.

Según el Ministerio Público, la empresa Único Real State e Inversiones SRL solo fungía como testaferro, ocultando bienes de procedencia ilícita.

“La empresa Único Real State e Inversiones SRL, desde su creación, que data del año 2015 hasta la fecha, ha adquirido y construido inmuebles con valores que sobrepasan los trescientos millones de pesos, no pudiendo los coimputados Rossy Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tanner Antonio Flete Guzmán justificar el surgimiento del capital utilizado para dichas compras”, expresa el expediente presentado por el Ministerio Público.

¿Cuáles son las irregularidades que se le imputa?

En uno de los interrogatorios realizados a Rossy Guzmán, la pastora depositó un documento denominado “Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra”, mediante el cual se establece que los reales propietarios de una decena de inmuebles ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, son los señores Adán Cáceres, Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores y Boanerges Reyes Batista.

“Evidenciándose así que la entidad Único Real State e Inversiones SRL, ha servido de testaferro, con el fin de ocultar bienes de procedencia ilícita para luego introducirlo al mercado y aparentar que han sido obtenidos de forma lícita, en virtud del objeto de la empresa”, dice en el documento de la Procuraduría General de la República.

Además, la solicitud de medida de coerción señala que en noviembre de 2020 la empresa celebró una Asamblea General Extraordinaria con el objetivo de otorgarle poder y autorización a su gerente, Rossy Guzmán, para que firmara los contratos de venta de cinco de los inmuebles de la empresa.

Sin embargo, las autoridades no pudieron verificar “la forma de adquisición de dichos inmuebles, ni la fecha en la que los mismos entran en el patrimonio de la empresa”.

Asimismo en fecha 22 de diciembre de 2020, fueron registrados cuatro contratos de venta por ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a la vez pagado los impuestos de transferencia de los referidos inmuebles, con el fin de “completar el ciclo del lavado”, pero esto fue evitado por la Procuraduría.

La empresa, ubicada en el sector Ensanche La Fe del Distrito Nacional, adquiere los inmuebles de manera directa "para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto, según declaraciones de la pastora Rossy Guzmán en el documento.

No obstante, Guzmán señaló que existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista".

Durante uno de los interrogatorios realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la pastora Rossy Guzmán indicó que un inmueble en Las Terrenas (Samaná) fue adquirido por medio de las utilidades de Único Real State e Inversiones SRL más un préstamo de siete millones quinientos mil pesos realizado por Raúl Alejandro Girón.

En diciembre 21 de 2020, la empresa realizó otra Asamblea en la que autorizó la venta del indicado inmueble un año después de haber sido adquirido, por la suma de RD $14,260,000.

No obstante, durante la entrevista, la pastora señaló: “Ese apartamento cuesta casi 27 millones de pesos, de acuerdo con la tasación actual”, documento que depositó.

El pago de una supuesta deuda contraída con Vicente Girón De la Cruz, padre del imputado Raúl Alejandro Girón, por un monto de RD $13,260,000 confirmó a las autoridades que ni Único Real State e Inversiones SRL ni sus propietarios contaba con suficiente dinero para el pago de la compra.

Por lo que el monto total para el pago de la compra de esta propiedad fue desembolsado por el imputado Raúl Alejandro Girón. En tanto que la deuda contraída con el señor Vicente Girón De la Cruz fue, según el expediente, una simulación, ya que coincide con el monto del contrato de compra por el que fue adquirido en un inicio.

“En virtud de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público se evidencia que, como forma de ocultamiento, la empresa autorizó la supuesta venta del inmueble, con el fin de sacarlo del patrimonio de la entidad comercial que estaba siendo investigada y pasarlo a Vicente Girón De la Cruz”, cita el punto número 144 de la solicitud de medida de coerción.

Al no poder justificar la adquisición del inmueble, Girón De la Cruz, padre del imputado Raúl Alejandro Girón, utilizó a Único Real State e Inversiones SRL, quien luego de las investigaciones de la Pepca otorgó autorización para la venta e intentó completar el ciclo del lavado de activos.

En la actualidad el referido inmueble se encuentra alquilado por un monto de US $3,000 mensuales por el General de Brigada Juan Carlos Torre Robiou, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler y solo lo usa esporádicamente.

El documento añade que un inmueble en Juan Dolio y otro en Bella Vista fueron adquiridos por Único Real State e Inversiones SRL, sin poseer la “capacidad económica para capitalizar e invertir en la compra” de las propiedad inmobiliarias, por lo que la empresa funge de testaferro.

A las anteriores irregularidades se suma que la entidad comercial otorgó un poder a Epifanio Peña Lebrón, un general de brigada del Ejército Nacional pensionado, para que administre el inmueble. No obstante, el documento expone que existe un contrato de alquiler en el que Peña Lebrón aparece como propietario.

En el aspecto financiero, desde su creación y apertura en la única cuenta bancaria que poseen, la entidad ha manejado RD $122,707,674.89, dinero que ha entrado a la referida cuenta mediante múltiples transacciones en efectivo de montos millonarios y realizadas en su mayoría por militares adscritos en ese momento al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Por lo que el Ministerio Público, en virtud del análisis de los datos financieros y societarios, atribuye el control real de la entidad comercial a Adán Benoni Cáceres Silvestre, ex Jefe del CUSEP y el teniente coronel Rafael Núñez de Aza, quienes fueron autorizados en 2018 a firmar acuerdos, contratos, hacer transacciones de negocios con cualquier empresa constituida.

Además, el expediente presenta que se realizaría un contrato adicional estipulando el porcentaje de los beneficios que estos tendrían de cada gestión realizada de manera conjunta o por separado.

Las informaciones financieras también presentaron que Núñez de Aza capitalizaba la entidad, realizando depósitos en efectivo por un total de más de 35 millones de pesos. Así como otros depósitos realizados por el imputado Eric Daniel Pereyra Núñez, sobrino y hombre de confianza del imputado del teniente coronel.

Finalmente, la empresa ha incumplido con el registro de los formularios correspondientes, relativos a las transacciones recibidas en efectivo.