La Policía Nacional, "reformada" en 2016, sometida otra vez a nuevos cambios
La Policía Nacional, la institución de la que la sociedad espera seguridad, protección y auxilio, se ha convertido en el foco de atención para diferentes mandatarios, quienes han asumido la seguridad ciudadana como un emblema que promueven incluso antes de llegar a Palacio Nacional.
Y en los últimos años los gobiernos han encaminado esfuerzos para lograr una transformación visible y efectiva ante la ciudadanía.
Pero... ¿qué ha pasado con estos esfuerzos?
El 16 de julio de 2016 el expresidente de la República Danilo Medina promulgó la Ley Orgánica de la Policía Nacional con el propósito de “cambiar” a todo el cuerpo policial del país.
El entonces mandatario prometió hacer “grandes cambios” en el órgano, y con ello aseguró que se le pondría un punto y final a las largas discusiones y reclamos por parte de la ciudadanía, que pedía a gritos una reforma integral del cuerpo de orden público.
La instauración de la figura de un director general al frente de la institución; la prohibición del reintegro de policías que hayan cometido crímenes, delitos o faltas graves comprobados por sentencia irrevocable; la reducción de 17 a ocho los miembros del Consejo Superior Policial (CSP) y la eliminación de la degradación como sanción disciplinaria fueron algunas de las novedades que trajo consigo la nueva ley.
Otras resoluciones que figuran dentro de la normativa son la disposición de un total de 20 plazas para oficiales generales en el país, la regulación del uso de la fuerza, las sanciones a las faltas policiales y los ascensos de rango dentro de sus niveles respectivos cuando hayan cumplido un tiempo mínimo de cuatro años dentro de sus funciones.
Sin embargo, apenas cuatro años después de que esta última reforma viera la luz, y aún sin haber cumplido efectivamente ni con las expectativas de la población ni con las promesas de Medina, Luis Abinader ya hablaba de otra modificación a la Policía Nacional que “cambiaría por completo” a la institución.
En octubre de 2020 el mandatario se dirigió a la nación y anunció la puesta en marcha de su plan de renovación de la Policía Nacional iniciando con el aumento del sueldo mínimo de los agentes entre un 10% y un 40% dependiendo del cargo que ostenten, con el objetivo de llevarlos al equivalente de US$500 mensuales.
De acuerdo con trabajos periodísticos publicados por el LISTÍN DIARIO esta sería la cuarta ocasión en más de dos décadas en la que un presidente dispone aumentos en los salarios de los policías del país como parte de una “mejora” en el órgano.
Abinader también dispuso el pasaje gratis en los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el Metro de Santo Domingo y el Teleférico, así como varios cursos técnicos por parte del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para la formación profesional de los policías.
Posteriormente disolvió la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican) de la Policía Nacional por considerar que esta representaba una duplicidad de funciones con respecto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), acción que causó controversia durante varias semanas.
Pero aunque el Gobierno propone otra transformación al cuerpo policial por considerar que a la actual ley “le hacen falta cosas”, hay ciertas disposiciones de las contenidas dentro de la norma vigente que no se cumplen.
41 generales nombrados
El artículo 86 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece el número de plazas para oficiales generales, dispone que sólo puede haber 20 plazas disponibles a ser ocupadas por generales del cuerpo policial.
Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Nómina de la Policía Nacional hasta marzo del presente año había un total de 41 generales en la institución recibiendo sueldos superiores a los RD$45,000 cada uno.
En el documento figuran 37 generales de brigada, un general de brigada médico, un general de brigada ingeniero, un general de brigada inspector y un general de brigada subdirector de la Policía Nacional cuyos salarios sumados representan casi dos millones de pesos al mes.
El uso desmedido de la fuerza
El artículo 55 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional sobre el uso de la fuerza establece que los miembros del órgano del orden público sólo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y prohíbe invocar a situaciones excepcionales para justificar la violación de la norma.
En uno de los párrafos del artículo se lee que los agentes “reducirán al mínimo los daños, lesiones, respetarán y protegerán la vida humana”.
Sin embargo, la noche del Martes Santo con Joel Díaz y Elizabeth Muñoz los policías no cumplieron con este mandato.
La pareja de esposos se dirigía a su hogar después de haber cumplido con un servicio religioso en la comunidad Los Ganchos de Pino Herrado en Villa Altagracia, y fue acribillada por una patrulla de la Policía Nacional compuesta por seis agentes, quienes recibieron la orden de “balear sin mediar palabra” a un carro Kia color blanco que se aproximaba.
Los policías, que luego fueron identificados y destituidos de la institución, argumentaron que “habían confundido el vehículo con otro que perseguían” y que “pensaron que se trataba de una banda de delincuentes que robaba pasolas en Bonao”.
Un día después del incidente, Abinader advirtió que el caso era “un aviso a todos y todas” de que en el país “no hay lugar” para la impunidad ni el abuso.
En vista de la grave situación que consternó a todo el país, la Policía emitió un comunicado donde informó que ponía a disposición del Ministerio Público para ser investigados al segundo teniente Victorino Reyes Navarro, al sargento Domingo Perdomo Reyes, a los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos y a los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís. Todos cumplen un año de prisión preventiva.
El último en ser arrestado fue César Maríñez Lora, mejor conocido como “Maríñez” comandaba la dotación policial de Villa Altagracia en el momento en que ocurrió la tragedia de Joel y Elizabeth.
Condiciones físicas del cuerpo policial
A finales de octubre de 2018 la Policía identificó que más de tres mil agentes del orden presentaban problemas de sobrepeso y que en más de 20 casos se diagnosticaron distintas patologías relacionadas con la obesidad.
Para contrarrestar la problemática, denunciada en abril del mismo año en un reportaje del periódico El Día, el órgano inició el programa piloto de adelgazamiento “Tu peso ideal” en el que un total de 300 agentes fueron entrenados y supervisados por profesionales de la salud.
Sin embargo, el programa se quedó ahí, en un plan piloto.
El artículo 84 de la Ley Orgánica de la institución establece que el desempeño profesional del policía se evaluará a través de su hoja de servicio, capacidad física, conducta personal, actitud frente a la población y cualidades morales, profesionales e intelectuales.
