Precios de alimentos, medicinas, transporte son explosivos

Mientras el go­bierno asume cientos de mi­llones de pesos en una suerte de subsidio para tratar de contra­rrestar el efecto que provoca los consecutivos aumentos en los pre­cios del petróleo en los mercados mundiales, no se ha podido frenar la carrera alcista en los alimentos, las medicinas, los materiales de construcción y muchos artículos.

Las alzas de productos de alto consumo, como el pan, el arroz, los plátanos, huevos, las carnes de pollo y cerdo así como otros pro­ductos alimenticios procesados, como la leche, los jugos, embu­tidos, el pan han aumentado de precios desde principios de año. Otros artículos, como las medi­cinas, el cemento, la varilla y la generalidad de los artículos de construcción también han experi­mentado alzas.

Los aumentos de precios es uno de los principales compo­nentes de inconformidad, pro­testas y explosiones sociales, y la República Dominicana tiene una experiencia no tan lejana, como fue la poblada de 1984, cuan­do el gobierno provocó aumen­tos violentos en la generalidad de los alimentos y otros productos, a consecuencia de un acuerdo fir­mado con el Fondo Monetario In­ternacional, FMI, sin que fuera so­cializado.

El acuerdo con el FMI impuso severos recortes de asistencia so­cial y subsidios lo que disparó los precios, entre ellos de los alimen­tos. La poblada fue conjurada por las fuerzas militares y policiales luego de tres días de violencia ca­llejera que cobró un saldo de 127 muertos, oficialmente, pero que otros sectores situaron sobre los doscientos así como graves daños a la propiedad pública y privada, principalmente en la Capital.

Hoy, el gobierno ha anunciado algunas medidas para tratar de fre­nar las alzas que atribuyen principal­mente al aumento en los precios de petróleo y las materias primas en los mercados internacionales. El presu­puesto nacional para 2021 fijó co­mo nivel de los precios del petróleo alrededor de los 45 dólares el barril, pero la última semana sobrepasó los 65 dólares. Estas alzas se atribuyen principalmente a las heladas de una semana en Texas, Estados Unidos, la última escalada en las hostilidades en el Medio Oriente y los niveles de producción por parte de las nacio­nes que rigen sus precios y produc­ción en el marco de las decisiones de la OPEP.

El aumento de precios en las ma­terias primas que importa el país para su producción nacional, son un efec­to directo de la contracción económi­ca mundial que provocó la pandemia del coronavirus a lo largo del 2020. El gobierno dominicano, sin embargo, no dispone de recursos suficientes pa­ra cargar con subsidios de los precios de los ‘comodites’, dado lo que significa para la economía nacional asumir las alzas en el petróleo y los combustibles, así como en los programas sociales de subsidios a consecuencia de los estra­gos de la pandemia y los altos e ilimita­dos costos en el sector sanitario, como la compra de vacunas y los programas de inmunización así como la asistencia directa a los afectados por el Covid-19.

Una de las medidas tomadas por el gobierno y que ha tenido efecto positi­vo es la postergación de aumentos en los precios del transporte público, que han sido anunciados por diferentes sin­dicatos en las últimas semanas, pero que se han aplazado tras conversacio­nes con las autoridades. Los precios del pasaje del transporte público tiene una incidencia vital sobre la capacidad de gastos de la clase trabajadora y el pre­supuesto familiar.

Intermediarios y especulación Complejos componentes, que na­cen en los precios de los combusti­bles y los insumos, transitan el cami­no empedrado de los intermediarios a lo que se agrega la especulación, el agiotismo y la falta de controles de las autoridades.

No hay forma de explicar que un plátano se compre a cuatro y cin­co pesos de las manos del productor y llegue a 30, 35 y hasta 40 pesos al consumidor. Lo mismo ocurre con los precios del arroz, los huevos, pro­ductos agrícolas en general, la carne de pollo y de cerdo. Se alega que los costos de los insumos han aumenta­do por la subida de los fletes que los navieros informan se incrementaron hasta seis veces en relación a su cos­to regular.

Lo mismo pasa con las medicinas, los materiales de construcción, mien­tras los panaderos –usuarios asegu­ran que muchos no suben el precio pero bajan el tamaño del pan- juegan con el movimiento especulativo que se hace norma de costumbre en estos días de crisis sanitaria y económica.

En un desayuno con ejecutivos de medios de comunicación en Pa­lacio, encabezado por el presidente Luis Abinader y los ministros de In­dustria y Comercio y Administrati­vo de la Presidencia y de Economía, Víctor –Ito- Bisonó, José Ignacio Pali­za y Miguel Ceara Hatton, el gobier­no admite las alzas de precios de ali­mentos y otros productos y recarga el motivo a los aumentos en los pre­cios del petróleo y las materias pri­mas en los mercados mundiales. Las alzas que se registran en el país des­de enero, habían sido negadas por las autoridades, atribuyéndolas en­tonces a especulación y hasta presio­nes de corte político.

El ministro Bisonó, es quien ha dado la cara al informar de la con­gelación de los precios de los com­bustibles, de la posibilidad de dar facilidades para que los constructo­res privados puedan hacer impor­taciones de sus insumos –cemento, varillas, materiales eléctricos y otros propios de la construcción- así como programas de ventas a precios redu­cidos de alimentos a través de pro­gramas, como los que desarrolla el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE.

‘Control de precios’ Los comerciantes, de su lado, abo­gan por el establecimiento de con­troles y/o de ‘congelación’ de los precios de los artículos de ‘prime­ra necesidad’, como los alimentos y las medicinas, así como materia­les de construcción. “Todos los pro­ductos industrializados han subido de precio y nosotros le hacemos un llamado a estos sectores a que pien­sen en los más desprotegidos”, dijo Iván García, presidente de la Fede­ración Dominicana de Comercian­tes, FDC, al tiempo de sugerir que procede “una congelación de pre­cios de los artículos de primera nece­sidad”. Indica que “se especula con el precio de alimentos procesados” citando los embutidos, aceites, le­ches, jugos, entre otros. Otros gru­pos de comerciantes abogan por el restablecimiento de mecanismos de ‘control de precios’, como regía mediante la ley 13, del 27 de abril de 1963, que se mantuvo en vi­gencia hasta la promulgación de la Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario, que eliminó el control de precios y estableció un sistema de mercado abierto, regido por la oferta y la demanda. Esta ley, la 358-05, de julio del 2005, creó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), una entidad descentralizada, que opera bajo la dirección de un Consejo y bajo la sombrilla del Ministerio de Indus­tria y Comercio, está encargada de dirimir, entre otras situaciones, las diferencias entre los comercios y los consumidores y si bien orienta a la población sobre situaciones relacio­nadas con los precios de los artícu­los en venta, entre otras facultades, no tiene autoridad para imponer precios ni ‘congelar’ los mismos. “Estamos haciendo todos los esfuer­zos por revertir la situación con me­didas directas, como ya estamos ha­ciendo por ejemplo con los precios de los combustibles y acciones pa­ra que los alimentos y otros produc­tos vitales no sufran alteraciones de precios sin razón”, comentó el mi­nistro Bisonó.

Situación externa El gobierno ha asumido el impac­to del alza del petróleo, con un sub­sidio que supera los 500 millones de pesos, mientras mantiene frenado la tasa de cambio, un componente ex­plosivo para la economía si se dispa­ra al alza. Para el economista Antonio Ciriaco Cruz, “hay situaciones que los países como los nuestros no contro­lan, como son las importaciones de materias primas y servicios que son altos y cuando los precios se alteran en el exterior tienen un efecto directo en nuestra economía”.